Organización Mujer y Salud investiga una muerte materna ocurrida en 2018 como consecuencia de un aborto que no fue declarada

En octubre de 2012 se promulgó en Uruguay la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). A partir de un pedido de informes de cuatro legisladoras frenteamplistas, el Ministerio de Salud Pública informó que desde entonces y hasta diciembre de 2020 se practicaron en Uruguay 75.117 abortos. Eso da un promedio de poco menos de 9.400 al año.

El año pasado fueron 9.915 las interrupciones, siendo el segundo año consecutivo con este indicador a la baja. Hasta 2018, con 10.373 abortos, este número iba subiendo año a año. Desglosando números de 2020, 10.425 mujeres –entre ellas 1.258 de entre 15 y 19 años y 47 de menos de 15- realizaron consultas para interrumpir el embarazo, culminando el proceso un 95%, las 9.915 antes mencionadas. Casi todos (9.889) fueron por la propia voluntad de la mujer, 19 por anomalías del feto incompatibles por la vida, cinco por riesgo de vida de la propia mujer y dos porque el embarazo fue producto de una violación.

El número puede parecer grande. De hecho, haciendo un promedio, dan unos 26 abortos diarios durante estos ocho años. Sin embargo, para organizaciones como Mujer y Salud del Uruguay (MYSU) no son grandes cifras, sobre todo si se compara con estimaciones previas que hablaban de entre 16 y 33 mil abortos anuales en Uruguay cuando esta práctica aún era ilegal.

Justamente fue una postura de MYSU la que motivó ese pedido de informes, en el entendido de que en la pandemia se había restringido el acceso de las mujeres a servicios sexuales y reproductivos y que muchas habían sido “expulsadas” de sistema.

Escuchá la entrevista de Así Nos Va con la directora de MYSU, Lilián Abracinskas: