Ministerio de Defensa advierte que será inviable cumplir con los plazos para registrar todas las armas
En diciembre se vence el plazo de un año otorgado por el gobierno para que los ciudadanos que tengan armas las registren ante el Estado. Sin embargo, ya a esta altura del año se advierte desde el Ministerio de Defensa que será inviable cumplir con los plazos.
Según informó a Así nos va el director del Registro Nacional de Armas del Ejército, el coronel Daniel Farías, se calcula que en Uruguay hay 605 mil armas en manos de civiles, policías y militares. Esa es la cifra de lo que ya está registrado. Sin embargo, calculan que hay unas 120.000 armas más en manos de civiles que están en situación de ilegalidad.
En los últimos años se han incrementado los pedidos de la Justicia de chequear a nombre de quién están las armas involucradas en los delitos que investiga la Policía. Y los números son alarmantes.
Según datos del Registro Nacional de Armas del Ejército, en 2014 hubo casi 3.000 armas involucradas en delitos, en 2015 la cifra trepó a 4.000, y en 2016 de las 4.000 armas que se usaron para cometer delitos, 790 eran ilegales. En los dos primeros meses del 2017, se utilizaron 425 armas en hechos delictivos de las cuales 308 estaban registradas y 117 no.
¿Cómo se puede tener un arma de forma legal en Uruguay? Para ir a comprar un arma a una armería, la persona debe presentar el Título de Habilitación y Tenencia de Armas que se entrega en las jefaturas departamentales. Para obtener este título, el interesado deberá certificar salud física y psíquica, y presentar sus antecedentes judiciales, así como también sus ingresos
Una vez que se consigue este Título de Habilitación, y se compra el arma, el propietario debe pasar por el registro balístico del Ministerio del Interior y después obtener la guía de posesión de arma que entrega el Ministerio de Defensa. Como verán, no es un trámite sencillo sino que se deberá pasar por varias ventanillas.
Ocurre que existen dos motivos por los cuales, según se advierte desde el Ministerio de Defensa, no se llegará a cumplir con el plazo de diciembre. Por un lado, el registro balístico -el cual debe hacerse si se quiere obtener la guía de posesión de un arma- solo funciona en Montevideo. Esto provoca enormes problemas para quienes viven lejos de la capital del país, que muchas veces no se trasladan para cumplir con este trámite.
A los problemas de centralidad se suma el que al menos cuatro jefaturas de Policía -Artigas, Maldonado, Durazno y Florida- no están entregando el Título de Habilitación y Tenencia de Armas.
El director del Registro Nacional de Armas señaló a Así nos va que se encuentran realizando una gira por todo el país y que observan estas situaciones problemáticas en los departamentos que visitan.
De las más de 700 mil armas que hay en Uruguay, el Registro Nacional de Armas diferencia las que están en condiciones irregulares de las que son ilegales.
La compra legal de armas por parte de la población ha ido en aumento en los últimos años. Según información del Registro Nacional de Armas, en 2016 se emitieron 13.522 guías nuevas. Las autoridades calculan que este año emitirán más y estarán casi llegando a las 16.000.
La cifra de importación de armas también se ha ido incrementando en los últimos 10 años. Por ejemplo, en 2007 se importaron 1.546 armas y en 2016 fueron 3.184, más del doble.
El abogado del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), Martín Fernández, entiende que el Estado debería implementar mecanismos para desestimular el uso de armas de fuego.
Los precios de las armas ilegales presentan grandes diferencias con las que se adquieren en regla. Por ejemplo, de acuerdo a expedientes judiciales a los que accedió Así nos va, un arma puede conseguirse en el mercado negro por 500 pesos.
A modo de ejemplo: uno de los hinchas de Nacional procesados el año pasado por la balacera en Santa Lucía -que terminó con un joven muerto- admitió ante la Justicia que en la feria de Piedras Blancas había comprado un arma calibre 22 por 2 mil pesos.
En Uruguay las armas provenientes del mercado negro se destruyen. Desde que empezó la política de destrucción, en 1998, ya se llevan destruidas más de 62.000 armas. El año pasado por ejemplo se eliminaron casi 5.300 armas de fuego.
Este año la destrucción será en julio y las autoridades del Registro Nacional de Armas ya prevén que será una cifra importante porque muchas personas están presentándose voluntariamente a entregar su arma.
Pero además de las armas ilegales en Uruguay, existe otro foco de preocupación entre las autoridades del gobierno: el aumento del tráfico de armas, en especial a través de la frontera con Brasil.
El director del Registro Nacional de Armas confirmó a Así nos va que hubo un cambio en la modalidad delictiva y que en los últimos meses se registraron armas con documentación falsa.
Según datos de la Suprema Corte de Justicia, entre el 2010 y el primer semestre de 2016 hubo 59 personas que fueron procesadas por tenencia y comercialización ilegal de armas.
En las últimas semanas, la Justicia procesó a siete personas por tráfico interno de armas. Dos dueños de armerías fueron a prisión y otras cinco tuvieron que ir a declarar. Una de ellas es un peón de estancia de Artigas. El hombre compró un arma de forma legal y le falsificaron la documentación para registrar otras armas a su nombre.
La Justicia de Crimen Organizado también detectó que los dueños de estas armerías les pagaban a personas para que aceptaran tener armas a su nombre.
En la frontera, la policía decomisó unas cuarenta armas entre escopetas, pistolas y revólveres. El diario El País citó un documento de Inteligencia Policial en el que se destaca que más de 500 armas de guerra fueron traficadas a Brasil en un corto período de tiempo.
¿Por qué Brasil? “Se trata de un negoción”, explicó ante la Justicia uno de los detenidos. Es que una pistola 9 milímetros que en una armería uruguaya cuesta US$ 1.100 dólares, en el mercado negro de San Pablo o Río de Janeiro puede llegar a costar más de US$ 5.000 dólares ya que está prohibida la venta de armas a civiles.
Esta última fue una de las tantas operaciones de la Policía contra el tráfico de armas. En 2016, la policía realizó la “Operación Cerrojo”, que finalizó con cuatro procesados con prisión y otros cuatro sin prisión. De esos ocho, tres eran militares.
También el año pasado se realizó un operativo conjunto de la policía de Rivera, Artigas, Tacuarembó y la División de Información e Inteligencia, para desbaratar una organización que se dedicaba al tráfico de municiones y armas. En esta operación, denominada Omega, fueron procesados con prisión ocho personas, mientras que otras cuatro fueron procesadas sin prisión.
La ley con la que se apuntó a regular la tenencia, porte, comercialización y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos en Uruguay tuvo inconvenientes desde el principio del trámite parlamentario. Empezó a ser estudiada en el Poder Legislativo en 2012, tanto en el Senado como en Diputados se le fueron haciendo modificaciones, se generaron disputas entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, hasta que logró finalmente aprobarse en 2014.
El siguiente paso fue su reglamentación, trámite que llevó dos años, debido a las diferencias entre las carteras de Defensa e Interior. En diciembre de 2016 quedó pronta la reglamentación y se estableció un año de plazo para que la ciudadanía cumpliera con la nueva regularización de las armas.
Pero no todos quedaron conformes con lo establecido por ley. Por ejemplo, el vicepresidente del Club Uruguayo de Tiro, Carlos Urrusty, criticó la decisión de que solo se puedan registrar tres armas por persona:
Una vez reglamentada la ley, distintos grupos aficionados a las armas presentaron recursos contra el decreto reglamentario de la ley porque consideran que es “contrario a derecho” y “presenta problemas variados y muy graves para las personas y empresas que se vinculan de una forma u otra con las armas”.
Unas mil personas, en su mayoría integrantes de la Asociación de Coleccionistas de Armas y Municiones, el Club Uruguayo de Tiro, la Asociación Uruguaya de Tenedores Responsables de Armas de Fuego y la Cámara de Importadores de Armas y Municiones, solicitaron al Poder Ejecutivo que se suspendiera por 120 días la reglamentación.
El vicepresidente del Club Uruguayo de Tiro, Carlos Urrusty, explicó a Así nos va los motivos por los que impugnan el decreto.
El Poder Ejecutivo tiene 150 días para responder, un plazo que aún está vigente. Si no hay respuesta, o si la respuesta no es considerada satisfactoria, las organizaciones tendrán 60 días para iniciar un juicio civil contra el Estado.
