Reporte #AsíNosVa: La Fiscalía archivó definitivamente la indagatoria penal sobre el acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie

 Reporte #AsíNosVa: La Fiscalía archivó definitivamente la indagatoria penal sobre el acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie

Foto: Daniel Rodriguez /adhocFOTOS

La Fiscalía archivó definitivamente la denuncia realizada por senadores del Frente Amplio por presuntas irregularidades en el acuerdo con la empresa Katoen Natie en el que se extendió la concesión de la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo hasta 2081.

Por esta causa estaban indagados el director de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, y su subsecretario, Juan José Olaizola.

Los senadores frenteamplistas habían denunciado esto en Fiscalía porque entendían que había un delito de abuso de funciones. Sin embargo, dos fiscales —Gilberto Rodríguez y Silvia Porteiro— entendieron que no.

Rodríguez fue el primero en archivar la causa en noviembre de 2022. Los denunciantes tienen derecho a pedirle a un juez que otro fiscal revise su causa y, si encontrara méritos, la reabriera. Eso fue lo que hizo el FA y en marzo de este año la fiscal Silvia Porteiro entendió que había mérito para seguir investigando y reabrió la investigación.

Sin embargo, ayer emitió un dictamen en el que volvió a archivar la causa, tornándose así una decisión definitiva. El dictamen es breve y dice compartir los argumentos que había esgrimido Rodríguez un año antes, en un texto que tenía aproximadamente 185 páginas.

Sin perjuicio de algunas actuaciones irregulares o reprochables, éstas no resultan suficientes para la tipificación del injusto que se pretende imponer”, valoró Porteiro.

La decisión del acuerdo “pueden ser valoradas tanto desde el punto de vista de su acierto, mérito o conveniencia, en tanto las acciones llevadas a cabo por los denunciados podrán, eventualmente, ser pasibles de generar responsabilidad en el plano civil, administrativo, o dar lugar a responsabilidad política; pero a nuestro juicio no corresponde el reproche penal pretendido”.

Recordemos que el gobierno realizó este acuerdo con la empresa belga luego de que esta, cuando todavía gobernaba el FA, hubiera amenazado al Estado con un juicio por 1.500 millones de dólares, dado que entendían que habían favorecido a Montecon, quien no contaba con el título habilitante que exigía la ley de puertos.

Uno de los puntos cruciales del caso refería al proceder de Curbelo, el presidente de la ANP, quien no consultó al directorio de la administración a la hora de expedirse sobre el acuerdo ante el Poder Ejecutivo.

En su dictamen, Rodríguez había señalado que “el asesoramiento no fue correctamente brindado en el plano formal”, pero “resulta necesario tener en cuenta que la omisión (de Curbelo) de noticiar a los demás directores de las gestiones que venía cumpliendo, debe leerse en el contexto de la confidencialidad que también había sido dispuesta”. Por lo que, aunque pueden existir “válidos cuestionamientos” no hay, a su juicio, un delito.

La principal exigencia para que exista un delito de abuso de funciones es que el acto se haya cometido con dolo contra la administración pública o para beneficiar directamente a un tercero, lo que no se pudo probar.

Desde filas frenteamplistas lamentaron el archivo, pero según escribió el senador Charles Carrera en un tweet publicado ayer, respetan la decisión de la Fiscalía.

Para el FA todavía está abierta la vía del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (que atiende las demandas de nulidad de actos administrativos realizados por el Estado), que tiene a estudio el caso, y valoraron positivamente que tanto Porteiro como Rodríguez hagan referencia a “irregularidades”.

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