Las offshore: Entre el paraíso y el infierno
“Constituir sociedades offshore es 100% legal. No hay nada ilegal “per se” en una sociedad offshore. En cuanto a las operaciones que se hacen a través de estas, la práctica demuestra que la inmensa mayoría son lícitas. El 98 o 99% de lo que se hace offshore es legal y hay un 1% o a lo sumo 2% de gente que usa mal la herramienta. Pero en ese caso, lo que está mal es el uso y no la herramienta en sí misma”, dice el abogado argentino Martín Litwak, especialista en planificación patrimonial y fiscalidad internacional. Con el paso del tiempo Litwak se ha empeñado en defender no sólo la legalidad de las estructuras y jurisdicciones offshore, sino lo que entiende como “la justeza y su necesidad en un contexto global marcado por Estados fiscalmente cada vez más voraces”.
Precisamente, el especialista considera que los Estados muchas veces trabajan en conjunto para eliminar todo resquicio de competencia fiscal, transformándose en lo que Litwak llama “infiernos tributarios”, concepto que forma parte del título de uno de sus libros: “Paraísos fiscales e Infiernos Tributarios: una mirada diferente sobre las jurisdicciones offshore y la competencia fiscal”.
En diálogo con Agenda Abierta, el especialista invita a desmontar el prejuicio de que son exclusivamente los Estados ineficientes o de gobiernos populistas los que “demonizan” a las offshore, sino que muchas veces los más poderosos han lanzado todos sus ataques desde foros como el G-20 o el G7. Para Litwak, la OCDE (las siglas en inglés para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), es quizá hoy la “usina” más sonora contra la competencia fiscal. Allí está en juego “el derecho de cada país o jurisdicción a fijar sus impuestos en forma libre y soberana, sin presiones de otros Estados, de manera de cumplir con sus objetivos de recaudación y al mismo tiempo fomentar, o no, determinadas actividades comerciales”, opina el analista, quien agrega que fue en el seno de la OCDE donde, se llegó a un acuerdo en octubre para imponer una tasa impositiva corporativa mínima global del 15% a grandes empresas multinacionales.
