¿Cuánto alimento desperdicia Uruguay?

Un informe de la Fundación Ricaldoni pone encima de la mesa un menú amargo: se desperdician cientos de miles de kilos de alimentos disponibles para el consumo humano. Los datos son conocidos hace ya un tiempo, y cobraron un nuevo protagonismo en estas actuales circunstancias donde se teme por una crisis alimentaria mundial, como consecuencia de las convulsiones políticas y económicas que está padeciendo el mundo. Pese a que nuestro país avanzó en algunos puntos vinculados a la seguridad alimentaria, aún hay mucho por hacer, según se desprende de un encuentro reciente entre cuatro expertos de la Organización de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (FAO) y la Comisión Especial de Derecho a la Alimentación, del Parlamento Uruguayo.

Una de las participantes fue la Oficial superior de Políticas de FAO para América Latina y el Caribe, Daniela Godoy (*), quien remarcó que “las pérdidas y desperdicios de alimentos representan un desafío en el trabajo de los países para transformar los sistemas agroalimentarios, especialmente en un contexto de alza de precios de los alimentos y aumento del hambre e inseguridad alimentaria a nivel global”. El presidente de la Comisión parlamentaria uruguaya coincidió con este diagnóstico, pero puso foco en nuestro país, al considerar que “la gran mayoría de los uruguayos no somos conscientes de lo que significa y el grado de importancia que tiene el desperdicio de alimentos en nuestro país. Capaz que el principio de todo, sabiendo lo que queremos lograr, es que tenemos que tratar de comunicar por qué tenemos un problema para después pensar en la solución”.

Para ir a las cifras, en Uruguay el 11% de los alimentos disponibles para consumo humano se pierde o desperdicia cada año, lo que representa cerca de 1 millón de toneladas anuales, por un valor estimado de U$S 600 millones. Además, el estudio publicado por la FAO indica que el 66% de las pérdidas y desperdicios se produce en las etapas de producción y pos cosecha. En cuanto a al volumen de esas pérdidas por producto, se estableció que se trata de un 25% de cereales, 20% de lácteos, 19% de caña de azúcar, 15% de oleaginosos, 12% de frutas y hortalizas y 8% carne. (Datos FAO Uruguay).

Para Godoy “es muy importante hacer todos los esfuerzos necesarios para implementar políticas públicas y soluciones de todos los sectores y de todos los actores del sistema agroalimentario, para lograr una transformación de esos sistemas agroalimentarios, de modo que sean más eficientes – incluyendo tecnología e innovación- pero también que sean más inclusivos, sin dejar a nadie atrás” En diálogo con Agenda Abierta, señaló que es vital adoptar medidas que lleguen a las poblaciones más vulnerables. Valoró los avances de nuestro país, pero entiende que el desafío permanece y es urgente atenderlo.

(*) Daniela Godoy

Es la líder de una de las tres  prioridades regionales, la que apunta a apoyar el fin del hambre, una mejor alimentación y sistemas alimentarios sostenibles, su título es Oficial Superior de Políticas en Seguridad Alimentaria y Nutrición, y trabaja en la Oficina Regional en Santiago.

Es Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales (Abogada) de la Universidad Diego Portales (Chile) y tiene dos Maestrías: en Salud Pública de la Universidad de Nueva York (Estados Unidos) y en Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Cuenta con 14 años de experiencia. Fue consultora en la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) diseñando recomendaciones de políticas para mejorar el Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC y documentando la experiencia de la Ley de Etiquetado de Alimentos en Chile.

Luego fue Jefa de la División de Políticas Públicas en el Ministerio de Salud de Chile, donde lideró las políticas de nutrición y alimentos, así como con el diseño e implementación de regulación sanitaria y programas del Ministerio de Salud.

También fue Secretaria Ejecutiva de la Secretaría “Elige Vivir Sano” en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile desde 2019, donde sus responsabilidades incluyeron liderar políticas, planes y programas para aumentar la seguridad alimentaria y reducir la malnutrición por exceso y déficit, revisar, desarrollar y evaluar programas y políticas en línea con la política social y de nutrición y seguridad alimentaria.