El mundo virtual es el “principal” facilitador de la explotación sexual comercial de menores

 El mundo virtual es el “principal” facilitador de la explotación sexual comercial de menores

Largo, pero contundente.

“Hay personas que:

Se trasladan en auto, moto, ómnibus o andan en bicicleta.

Salen en la televisión y miran Netflix.

Van al tablado, recitales de música, escuchan opera…

Son hijos, que cuidan a sus hijas y a sus hijos.

Pintan cuadros, riegan sus plantas, otros reparan paredes.

Pasean sus perros, cuidan a sus gatos, salen de paseo los domingos.

Les gusta ir a la playa, la nieve, andar a caballo, reunirse en la plaza.

Les encanta el dulce de leche, hacer tallarines y tomar mate.

Algunos son ecologistas, religiosos, otros empresarios, trabajadores, académicos, profesionales, políticos, deportistas, funcionarios públicos, artistas, policías, docentes…

Juegan al fútbol, al tenis, al truco o corren por la rambla.

Cantan en un coro, toman clases de zumba, bailan salsa, tango o plena.

Algunos creen en el horóscopo, se reúnen a comer un asado los domingos o son vegetarianos.

Todos recuerdan viejos tiempos, repasan su vida, cuentan nuevas anécdotas… y pagan por tener sexo con una niña, niño o adolescente perpetrando un delito brutal”.

Es el texto difundido en 2017 por el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees), organismo creado en 2004 por decreto del Poder Ejecutivo y que depende del Inau (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay).

Enseguida, se agregaba: “Hay niñas, niños y adolescentes cuyas vidas son destruidas por los explotadores que cometen este delito que viola sus derechos”.

En 2020 hubo 410 casos, el doble que en 2019. En el período enero-noviembre de este año se registraron “494 situaciones vinculadas a la explotación sexual comercial en todo el país”, comunicó en Informativo Carve Fin de Semana el presidente del Conapees, el Lic. Luis Purtscher, que asumió el cargo en 2008.

Las “aplicaciones, el ingreso sin controles a las plantillas de oferta de sexo” generan que “el mundo virtual” sea “un nuevo escenario que sustituyó, básicamente, el encuentro cara a cara y, en forma análoga al de la prostitución adulta”, la oferta de sexo “en las esquinas, en las calles, en las veredas”, señaló.

En junio de 2020, en una entrevista que concedió a Agesor –medio de prensa de Soriano- el sociólogo Purtscher ya había alertado sobre el papel que adquirían los “sitios facilitadores” de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes.

Hoy “se está volviendo el principal sitio de facilitación”, afirmó en Carve el domingo 5.

Y subrayó que “ahí es donde mostramos algunos huecos en cuanto a lo ideal, porque si bien la facilitación está expresamente penada por la Ley 17.815” en la realidad se constata que la información y la comunicación de estos sitios “van más rápido que las leyes”.

“Las aplicaciones deberían, legalmente, estar mandatadas a cumplir con otros requisitos que no sean simplemente la declaración de ser mayor de 18 años, y en eso estaremos trabajando en el próximo plan, seguramente”, anunció el presidente del Conapees.

En la ya mencionada nota de Agesor, habló de la “invisibilización” del problema y de una “cultura” que no participa de la explotación sexual de menores pero que, de hecho, la permite.

Respecto a este último aspecto, remarcó ahora en Informativo Carve Fin de Semana que “muchas veces tomamos la actitud del espectador. Lo vemos pero no hacemos nada. Es más, nos buscamos y nos construimos pretextos para no intervenir. Y, a veces, una llamada a tiempo, una identificación a tiempo, pueden parar una situación donde la vida de un adolescente puede estar en el borde de ser arruinada para siempre”.

Existen las líneas de denuncia y apoyo 0800 5050 (Línea Azul) y 100. También se están desplegando mecanismos “en otras instituciones, por ejemplo Fiscalía General de la Nación, y, a partir de la Ley 19.643, la creación de la Unidad de Víctimas y Testigos, que también dan apoyo, facilitan el acceso a cuidados, a la Justicia y realizan otro tipo de trabajos, tan necesarios” para combatir un problema “que, como vemos, crece año a año”, manifestó.

La 19.643 es la Ley de Prevención y Combate de la Trata de Personas. Fue promulgada el 20 de julio de 2018 y publicada el 14 de agosto del mismo año.

“La persecución del delito obviamente está en manos de la Policía, el tema de la investigación está en manos de Fiscalía, pero las comunidades siempre podemos hacer algo para prevenir, para informar, para poder ver el problema, para poder identificarlo cuando lo tengo adelante y también saber qué hacer”, afirmó con convicción Luis Purtscher, promoviendo la participación activa de la ciudadanía para denunciar y combatir la explotación sexual comercial y no comercial de niñas, niños y adolescentes.

Y agregó: “Luego, en un tercer momento, cuando termina la parte policial y judicial, poder trabajar como comunidad para que esas gurisas no sigan cargando el estigma de haber sido explotadas sexualmente”.

Por ejemplo, aportar mediante la generación de “oportunidades de trabajo” y “haciendo que los espacios educativos tengan la habitabilidad necesaria para quienes vienen de situaciones” de este tipo, porque “siempre se puede hacer algo”, concluyó el presidente del Conapees.

En la web oficial www.gub.uy se explica que “la Línea Azul recepciona, a través del número 0800 5050 y del sitio web de Inau, denuncias de la comunidad relacionadas a situaciones de violencia y vulneración de derechos vividas por niños, niñas y adolescentes a fin de dar respuesta a las mismas. Coordina con otros actores involucrados las intervenciones a realizar de acuerdo a las demandas recepcionadas, a fin de dar una primera respuesta a las situaciones de vulneración de derechos. Además, realiza y/o coordina las acciones que permitan una aproximación diagnóstica tendiente a dar respuestas oportunas y efectivas”.

Respecto a la línea telefónica 100, en el mismo portal se indica que esta vía de denuncia se agregó a la del 0800 5050 en mayo de 2019 “para que los niños puedan llamar y denunciar casos de violencia o abuso”, citando al vicepresidente del Inau de la época, el psicólogo social y Máster en Derechos Humanos y Estado de Derecho, Fernando Rodríguez.

“Los cambios en este período permitieron contar con especialistas en detección de violencia, fortalecer el sistema de protección de 24 horas y desarrollar el programa de Acogimiento Familiar en el que están 1.800 niños que no fue necesario internar”, dijo entonces Rodríguez, que también tiene grados universitarios como gerente social y mediador social.

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