Finanzas municipales en emergencia: aumentó la morosidad y se disparó el gasto

 Finanzas municipales en emergencia: aumentó la morosidad y se disparó el gasto

*Por Marcela Maseda, productora de Así Nos Va

La crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronoavirus trajo consecuencias negativas para las finanzas de muchas intendencias. En prácticamente todas se registró un aumento de la morosidad, especialmente en el pago de la contribución inmobiliaria urbana, suburbana y rural. También hay retrasos en el pago de patentes.

Pero es poco lo que los intendentes pueden hacer ante un escenario de emergencia como el que se está viviendo. Todos los departamentos tuvieron que realizar gastos que no estaban previstos en el presupuesto y que representan millones de pesos en atención alimenticia y otros beneficios para atender a la población más vulnerable.

La mayoría de los intendentes se ajustó el cinturón y recortó obras o programas que implicaban dineros municipales. También formaron fondos locales con dineros aportados por directores y privados; negociaron con sus acreedores, recortaron gastos de funcionamiento tratando de controlar sus arcas, porque cada peso vale en una escenario de incertidumbre como el actual.

Números rojos

Los porcentajes de morosidad van del 15% hasta más del 60% en los departamentos donde la situación es crítica. Salto, Colonia, Maldonado y Artigas son de los más castigados en ese sentido. Algunos de ellos ya presentan números rojos e incluso peligra el pago de sueldos de funcionarios municipales -uno de los mayores gastos presupuestales que tienen las intendencias- para los próximos meses en caso de que la situación no cambie.

El intendente de Salto, Alejandro Noboa, aseguró a Así Nos Va que tienen dinero para hacer frente al pago de sueldos del mes de mayo, pero junio es una incertidumbre. En este departamento, la morosidad al mes de abril se ubica en el 64% (una recaudación del 36%). Esto incluye contribución urbana y rural así como el pago de patente.

Este departamento se vio especialmente perjudicado por el impacto en el turismo local, uno de los rubros con los que la intendencia más recauda. Noboa señaló que la paralización del turismo local le hace perder al departamento 500 mil dólares por mes.

Esto dijo a Así Nos Va el intendente de Salto, Alejandro Noboa:

En una situación similar está la intendencia de Colonia, en donde la morosidad se ubica por encima del 60%, según lo informó a Así nos va el intendente Napoleón Gardiol. Este departamento también se ve afectado por los dineros que no percibe por concepto de turismo: se prorrogó el pago de la contribución hasta noviembre de todos los hoteles, lo que significa unos 20 millones de pesos menos.

De los 58 hoteles de Colonia, uno solo está abierto. Hay 138 restaurantes de los cuales dos volvieron a atender. La mayoría de las personas que trabajan en esos rubros está en el seguro de paro, cobrando poco más de ocho mil pesos. La intendencia los asiste con canastas que pasaron de 20 a 1300 por mes.

La comuna también finanza ollas populares en coordinación con el Ejército entregando 700 viandas en Colonia del Sacramento y otras 400 en Juan Lacaze por día. Pero se sumaron gastos que no estaban previstos: la campaña de la soja le costará al departamento entre dos y tres millones de pesos. En Nueva Palmira por la llegada de los camiones que transportan la soja, se contrataron 16 enfermeras o estudiantes de enfermería (gasto de sueldos: $360 mil por mes que aportaron empresas y la alcaldía) que controlan la fiebre a los camioneros en las dos balanzas de acceso a la ciudad. Además la intendencia tuvo que construir limitadores de altura (costaron más de medio millón de pesos) para que los camioneros no ingresaran con los vehículos a la ciudad.

En el departamento de Maldonado la baja del turismo también afectó las arcas municipales. Su intendente, Jesús Bentancur, dijo a Así Nos Va que por la emergencia sanitaria, entre marzo y mayo, el departamento se perdió de recaudar unos 3,5 millones de dólares.

Preocupa la cantidad de jornaleros que no acceden al seguro de desempleo por ser informales. El 25% de los trabajadores del departamento estaban por fuera del sistema cuando comenzó la crisis sanitaria, informó Bentancur. Esta situación generó otra emergencia: la alimenticia. Unas 20 mil personas reciben alguna asistencia de ese tipo. Se han entregado 15 mil canastas desde que arrancó la pandemia y se hacen 3.200 de viandas por día en todo el departamento. De aquí a diciembre prevén gastar 7 millones de dólares en la atención de alimentación en comedores solidarios por la pandemia.

En ese sentido, Bentancur señaló que se hizo un planteamiento en el Congreso de Intendentes por los gastos extra en alimentación que tienen muchas comunas y solicitó la ayuda del gobierno central.

En Artigas “la morosidad aumentó impresionante”, dijo a Así Nos Va el secretario general de la intendencia, Emiliano Soravilla. Los datos de morosidad no los tienen cerrados al mes de mayo, pero el funcionario estimó que superan el 60%. El pago de la contribución inmobiliaria rural y urbana se aplazó del 20 de marzo al 20 de abril y “fue muy poca la gente que pagó”, señaló el secretario. La atención alimenticia en este departamento también aumentó: triplicaron el número de usuarios en comedores y merenderos: de unos mil usuarios por día, pasaron a 2.800.

En el departamento de Canelones si se comparan los meses de marzo-abril de este año con los de 2019, hay una morosidad de entre el 15% y el 20% en patentes y en contribución urbana ese índice llega al 50%. Según señaló el secretario general de la intendencia Gabriel Camacho, en mayo registraron un “repunte” en los pagos que aún no fue cuantificado.

Lo que preocupa a las autoridades canarias es el gasto que están teniendo para enfrentar la emergencia alimenticia: de aquí a diciembre se va a destinar 60 millones de pesos para esa tarea. Lo que hasta ahora se daba como una canasta, se comenzará a dar en transferencias mediante una tarjeta. De allí saldrán también los fondos para las 150 ollas populares que hay en el departamento a las que asisten 10 mil personas. Éstas se financian con aportes municipales y de organizaciones de la sociedad civil, además de los dos millones de pesos mensuales que otorga la intendencia y otros dos millones de las alcaldías A ese gasto hay que sumarle el presupuesto que se destina para los comedores municipales: otros seis millones de pesos mensuales. La partida del INDA para estos centros es de 750 mil pesos, algo muy inferior a lo que se necesita según señaló Camacho.

¿Cuáles son las intendencias que presentan complicaciones moderadas?

En Cerro Largo la morosidad en el pago de la contribución inmobiliaria rural es del 38,9 % y de la urbana del 32%. En el caso de las patentes el índice es del 30%, según informó a Así Nos Va la intendenta Carmen Tort.

En Flores la morosidad de la contribución rural es del 5%, la urbana del 30% y en patente 25%, según datos aportados por el intendente Diego Irazabal.

En ambos departamentos no fue necesario suspender obras o programas que se financian con dineros municipales por falta de recursos.

El intendente de Paysandú, Mario Díaz, señaló a Así Nos Va que en su departamento la morosidad en el rubro patente es del 15%, la de contribución urbana del 30% y en el caso de la rural del 20%. Al 30 de abril, esta intendencia destinó entre ocho y diez millones de pesos a la atención de la emergencia que no estaban previstos en su presupuesto.

En Río Negro la morosidad de la contribución rural se sitúa en el 15%, mientras que la contribución urbana y patentes se ubica en el 20%, según informó a Así Nos Va el director general de esa comuna, Álvaro Debali. En este departamento se logró atender la emergencia alimentaria, en gran medida, gracias al aporte de privados. Con eso se atendió la situación de abril y mayo, más los complementos de la intendencia. Recientemente el gobierno departamental creó una cuenta bancaria en la que se depositarán fondos destinados a combatir la emergencia, provenientes de los sueldos tanto de directores municipales como ediles. Hay unos 700 mil pesos para financiar las canastas de mayo y junio; lo que no esté incluido lo completará la intendencia con fondos propios.

En Rivera la morosidad en el pago de patente se ubica en el 40%, la contribución urbana entre el 38% y 40%, y la contribución rural en el 16%. La intendenta Alma Gallup dijo a Así Nos Va que el departamento se ha visto muy afectado por los gastos que han tenido, y que eso ha llevado a suspender las obras que se financiaban con fondos municipales.

En Florida la morosidad en contribución urbana y rural se ubica en el 50%. La intendenta de ese departamento, Andrea Brugman, señaló a Así Nos Va que este índice se explica por la baja de la actividad económica en el departamento, que repercute en la recaudación de la intendencia. Aquí también el mayor gasto que se ha tenido es el de alimentación, donde se duplicó el número de viandas que financia la comuna que actualmente está en el entorno de 1.000.

¿Cuáles son las intendencias en mejores condiciones?

Aquí se encuentran las intendencias con índices más bajos de morosidad y aquellas en donde no se debieron paralizar obras ni dejar planes que estaban previstos por el camino.

En Durazno la morosidad en patentes es del 15%, la contribución rural del 12% y urbana del 15%. Incluso en este departamento, el 30% de los tributos se pagaron al contado. Según informó a Así Nos Va el secretario general de ese departamento, Juan José Bruno, el pago de los sueldos está asegurado hasta fin de año, incluido aguinaldos.

En Soriano la morosidad en patente se sitúa en el entorno de su porcentaje histórico (12%), y es de las más bajas a nivel nacional; en tanto en contribución existe una morosidad del 30%. Germán Cavallero, secretario general de esa intendencia, señaló a Así Nos Va que las finanzas están tan bien que pudieron darle un adelanto del aguinaldo este mes a los funcionarios municipales.

En Lavalleja la morosidad casi no aumentó. Según dijo a Así Nos Va la intendenta Adriana Peña, esto se debe a los beneficios que brinda la intendencia a los contribuyentes que son buenos pagadores. En el caso de la contribución Urbana/Suburbana la morosidad aumentó entre un 8% y 10%, ubicándose en el 20%. La contribución rural no la tienen cuantificada aún porque la primera cuota se paga a fin de mes.

En Tacuarembó el intendente José Omar Menéndez señaló a Así Nos Va que en la contribución rural se registró una caída de la recaudación del 3% en comparación con el año anterior, y la urbana aún no la tienen cuantificada porque el vencimiento es a finales de mayo. En este departamento “no hay problemas con el cumplimiento de pagos ni con el cronograma de obras”, señaló Menéndez.

En Rocha si bien la recaudación ha bajado, los índices de morosidad no son altos porque los vencimientos de contribución urbana fueron en enero y febrero, por lo que los pagos no se vieron afectados. La intendenta Flavia Cohelo señaló a Así Nos Va que la intendencia “está en condiciones de cumplir con todos los compromisos”.

San José es otro departamento donde la emergencia no impactó en las finanzas. Allí se registró una baja de entre el 10% y 15% en la recaudación de la contribución urbana y rural, pero temen que en junio cuando se tengan que hacer los nuevos pagos ese porcentaje se incremente al alza.

¿Qué atención está dando el gobierno central a las intendencias?

Varias intendencias, en especial las más afectadas, señalan que la ayuda del gobierno central no es suficiente. La principal crítica es que no se sumaron partidas extra de dinero que otorga, por ejemplo, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y que lo que hicieron fue “reordenar” los dineros que ya estaba presupuestados.

Heber Falero, titular de la OPP y exintendente de San José, explicó a Así Nos Va que se habilitó a que las intendencias usen los fondos destinados a proyectos de infraestructura en la atención de la emergencia. Otra medida fue adelantar la transferencia de los montos estipulados en el artículo 214 de la Constitución para las intendencias. Para los 19 departamentos se destinan 400 millones de pesos repartidos en tres cuotas que este año se depositaron en mayo, junio y julio (habitualmente se hace en junio, julio y agosto).

Alejandro Noboa, intendente de Salto, dijo que estas medidas son insuficientes y que no se tuvieron en cuenta pedidos que los jefes comunales realizaron.

Falero explicó que le pidió al Congreso de Intendentes un estado de situación departamento por departamento, aunque ya adelantó que no se van a atender casos por separado. La única partida extra que está prevista es para el rubro alimentación, a través de INDA, que se estará otorgando en el segundo semestre del año.

Escuchá los dos bloque del informe:

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