Si la LUC se aprueba como está, para CAinfo es “regresiva” en derechos y garantías, y viola convenios internacionales

 Si la LUC se aprueba como está, para CAinfo es “regresiva” en derechos y garantías, y viola convenios internacionales

El 17 de abril, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) emitió un comunicado en el que expresó que “felicita la decisión del presidente Luis Lacalle Pou de aprobar un decreto que habilita la libre divulgación de investigaciones científicas obtenidas en el medio acuático sin que se requiera autorización previa de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) ni de otro organismo estatal”.

En el artículo 44 del decreto reglamentario de la Ley de Recursos Hidrobiológicos se establecía una serie de requisitos para otorgar permisos para la pesca con fines de investigación, científicos o docentes, que debían ser solicitados a la Dinara.

CAinfo había solicitado en abril de 2018 al anterior gobierno que revisara ese decreto, por considerar que la medida “no solo afectaba a los investigadores sino también el derecho de acceso a la información de la población en general” y que fijaba “un mecanismo de censura previa que va en contra de la Constitución (artículo 29) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13) a la cual Uruguay se adhirió”, argumentó en su petición, que no generó entonces el resultado esperado.

El Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública es una asociación civil sin fines de lucro fundada en 2008, que desarrolla acciones por el derecho a la información pública, la libertad de expresión y la participación social.

“Promover, difundir y defender los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información pública en el país a nivel nacional e internacional”, “Monitorear el cumplimiento de las leyes nacionales y los estándares internacionales de libertad de expresión y acceso a la información pública”, “Impulsar el ejercicio de la libertad de expresión y la utilización de las herramientas de acceso a la información pública para la promoción y defensa de otros derechos humanos fundamentales” y “Asesorar a personas y organizaciones de la sociedad civil sobre libertad de expresión y acceso a la información pública mediante la realización de capacitaciones, el litigio y la incidencia ante organismos internacionales y del Estado uruguayo” son los cuatro componentes de lo que define como su misión.

Una delegación de CAinfo fue recibida el viernes 8 en el Parlamento por la Comisión Especial para el Estudio del Proyecto de Ley con Declaratoria de Urgente Consideración, para presentar su posición sobre los artículos relativos a los temas que aborda.

“Expresamos que esta reforma planteada en el proyecto de urgente consideración tiene los siguientes problemas: 1) es regresiva en materia de Acceso a la Información Pública. 2) afecta la protección de datos personales. 3) es regresiva en materia de garantías, debido a que le brinda más potestades a la Presidencia de la República y se la quita a los organismos del Estado que pueden tener control parlamentario; falta de control judicial y falta de control por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) o la Unidad de Protección de Datos Personales”, se lee en el informe de CAinfo que Pilar Teijeiro y Fabián Werner entregaron a los legisladores que integran la Comisión.

La entidad cuestiona directamente los artículos 11, 14, 45, 491, 492 y 493 del proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC).

Además, expresa su “preocupación” por los artículos 128 y 129 (“sobre la información reservada, secreta y restringida en el ámbito del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado”) y el 105 (“brinda una total discrecionalidad al Ministerio del Interior para solicitar a las empresas de telecomunicaciones ‘información detallada de la localización geográfica de la terminal de llamadas, sin necesidad de que exista una orden judicial’, impidiendo una vez más el imprescindible contralor entre los poderes de un Estado democrático”).

Se afirma en el informe que “desde CAinfo se entiende que aprobar estos artículos implicaría un claro retroceso en materia de derechos humanos para el país y una violación de convenios internacionales a los que Uruguay adhirió a través de su ratificación parlamentaria”.

Fabián Werner dijo en Informativo Carve Fin de Semana que, en caso de incumplimiento de los acuerdos internacionales firmados, nuestro país se expone a sanciones.

“No tengo noticia” de un retroceso tan grande en materia de Derechos Humanos si el proyecto de LUC “se aprueba” tal como está en estos temas, afirmó el integrante de CAinfo.

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