Gudynas: Modificaciones en áreas protegidas de la LUC nos igualan a estrategias ambientales de Bolsonaro
El analista en temas ambientales, Eduardo Gudynas, se refirió en Informativo Carve del Mediodía a las modificaciones que introduce la Ley de Urgente Consideración (LUC) al sistema de áreas protegidas.
La LUC establece modificaciones a la ley que regulas las Áreas Protegidas en Uruguay, decretando que estas zonas sólo podrán ser designadas como tal en predios del Estado o en los casos donde se cuente con el consentimiento de sus propietarios.
El articulado plantea regresar a la normativa del año 2000, que establece dos mecanismos frente a los propietarios que no deseen acatar las medidas de conservación, que son: la expropiación de los predios, o dejar sin efecto las medidas ambientales.
Para Gudynas esta modificación provocará que Uruguay no tenga más áreas protegidas, ya que le permitirá al propietario del predio utilizar estos espacios de la forma que lo desee, si el Estado no lo expropia.
“Puede haber tenedores de predios que, con legítimo derecho, digan que quieren utilizar esos espacios para algo específico, o que les puede convenir como negocio, que los expropien, y el Estado no tiene el dinero” para hacerse cargo de todos las zonas que deberían ser protegidas, señaló.
Gudynas enfatizó que Uruguay actualmente se encuentra en una mala situación en referencia a las áreas que protege, en comparación con otros países. Solamente el 1% de sus áreas están protegidas con fines ecológicos, señaló el especialista.
“Hace unos días, se entregó una nota firmada por más de treinta organizaciones, que tiene más de quince mil firmas, en contra de los artículos 501 y 502 de la LUC. Todo indica que hay que modificarlos. Sin embargo, la propuesta de modificación que se escucha de algunos voceros políticos o las demandas de algunos actores locales es exigir un programa de indemnizaciones, lo que implicaría que el Estado debería indemnizar” al dueño de la tierra, enfatizó el experto.
En esta línea, expresó que “la introducción de un sistema de indemnizaciones por daños, perjuicios, o lucro cesante, tendría consecuencias brutales”, porque amplía las razones para denunciar al Estado.
Por otra parte, sostuvo que “a nivel regional no hay casos similares. El único es un desmontaje que está ocurriendo en el Brasil de Bolsonaro, sobre todo en las tierras de protección ambiental e indígenas, para liberarlas al uso de emprendimientos mineros”.
“Me da vergüenza tener que explicar en el exterior que, no solo somos el último orejón del tarro en América Latina y el mundo, en cuanto a superficies protegidas, sino que también nos parecemos a la estrategia ambiental de Bolsonaro”, opinó.
