Análisis de la Ley de urgente consideración: Inclusión Financiera, Lavado de Activos y desmonopolización de combustibles

 Análisis de la Ley de urgente consideración: Inclusión Financiera, Lavado de Activos y desmonopolización de combustibles

El abogado Juan Bonet, integrante del Área Legal de la consultora Deloitte, analizó en Informativo Carve de Cierre los cambios que establece el Anteproyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) a la Ley de Inclusión Financiera, a la de Lavado de Activos y en materia de desmonopolización de los combustibles.

Lavado de Activos

En lo que refiere al artículo 220 de la LUC, introduce una novedad que tiene que ver con las medidas de debida diligencia que pueden implementar los sujetos obligados a prevenirse de ser utilizados en el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

De acuerdo con el artículo 17 de la Ley Integral Contra el Lavado de Activos, “Los sujetos obligados podrán aplicar, en los supuestos y con las condiciones que se determinen reglamentariamente, medidas simplificadas de debida diligencia respecto de aquellos clientes, productos u operaciones que comporten un riesgo reducido de lavado de activos o financiamiento del terrorismo”.

En referencia a ello, la LUC agregaría un inciso adicional a este artículo, considerando lo que se denomina legalmente como “una ficción”, ya que la propia ley considera que hay riesgo bajo y habilita a hacer debida diligencia simplificada, en aquellos casos donde la operación se efectué con instrumentos de pago relativos a dinero u otros valores depositados en instituciones financieras supervisadas por el Banco Central del Uruguay (BCU).

Según explicó Bonet, “el espíritu que está detrás de esta modificación” es decir que si se parte de la base que se trata de dineros o valores depositados en instituciones supervisados por el BCU “obviamente” lo que se está diciendo es que eso habilita que se haga una debida diligencia simplificada porque la institución de interminación financiera tiene determinados contratos adicionales que hacen que el riesgo, según el proyecto de LUC, se ve menor y por ende habilite a la debida diligencia simplificada.

“El proyecto no supone por si solo que la posibilidad de aplicar procesos de diligencia simplificada implique sin más que la transacción no se controle. No puedo afirmar ni negar, de acuerdo a la redacción de la ley, que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)” como han señalado algunos, “nos considere como incumplidores o nos ubique en determinadas listas”, indicó Bonet.

Sin embargo, el especialista estimó que “hay un raciocinio detrás de este control, y de alguna manera esto va a ir acompañado de reglamentación y evaluación de riesgo que hará el Poder Ejecutivo y los compradores del BCU”.

“En la medida que se quieran canalizar operaciones, en donde esas operaciones ya están bancarizadas por el mero hecho de que esos fondos están en instituciones de las más regulares del Uruguay en el sentido financiero, se está diciendo ‘facilitemos esas operaciones, exigiendo el control de una entidad que tienen sus propias obligaciones a controlar el origen y hacer la debida diligencia de su propio cliente’”, añadió.

En esta línea, explicó que lo que se está planteando es que, de acuerdo a la propia naturaleza de la transacción, por la propia naturaleza de los sujetos obligados y regulados que participaría de la operación, que en términos estadísticos son los bancos, se estaría al resguardo.

“No estamos pasando de una debida diligencia a una ninguna diligencia, sino que pasamos a un supuesto de debida diligencia simplificada”, añadió.

Inclusión Financiera

El anteproyecto permite que las remuneraciones y toda otra partida en dinero que tengan derecho a percibir los trabajadores en relación de dependencia, se realice en efectivo. De esta forma, ya no es obligatorio (sino opcional) el pago de los referidos rubros mediante acreditación en cuenta en instituciones de intermediación financiera o en instrumento de dinero electrónico.

Se mantiene la libre elección del trabajador de la institución de intermediación financiera o la institución emisora de dinero electrónico donde recibir su remuneración, en caso que se opte por tal medio. Si el trabajador no optara por una institución en particular, el empleador queda facultado a elegir por él, siendo aplicable dicha elección hasta tanto el trabajador haga uso de su facultad de elegir la institución, en cuyo caso, la elección realizada tendrá vigencia por el término de un año.

La LUC también aumenta de 4.000 a 100.000 dólares el umbral a partir del cual no se habilita el pago en efectivo.

El Anteproyecto establece que “el pago de toda operación o negocio jurídico cuyo importe total sea igual o superior al equivalente a cien mil dólares estadounidenses, cualesquiera sean los sujetos contratantes, no podrá realizarse a través de medio de pago en efectivo”. Lo que en otras palabras quiere decir que, en operaciones menores a este monto, sí podrá utilizarse el pago en efectivo.

Esto es visto como algo positivo por el especialista para que no se produzca la desbancarización completa de las operaciones.

Desmonopolización de los combustibles

De acuerdo a lo previsto en la Ley 8.764 de 1931, se concedió a la Administración Nacional de Combustibles, Alcoholes y Portland (ANCAP) el monopolio de la fabricación, comercialización, rectificación, desnaturalización, importación y exportación de carburantes nacionales (alcohol etílico carburante para motores de combustión), alcoholes y bebidas alcohólicas destiladas en Uruguay.

Sin embargo, en materia de Zonas Francas, la reglamentación estableció que los organismos públicos que suministren insumos o servicios a los usuarios de las zonas francas podrán establecer para éstos tarifas promocionales especiales y “los monopolios de los servicios del dominio industrial y comercial del Estado no regirán en las zonas francas”.

En este contexto normativo, la LUC inserta un capítulo destinado a desmonopolizar la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados establecidos a favor del Estado y gestionados por ANCAP.

Lo más relevante de este cambio que pretende implementar el anteproyecto, es que las actividades de prestaciones de servicios desmonopolizadas se deberán ejercer en los términos y condiciones que plantee la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), que funciona en la órbita del Poder Ejecutivo.

Por este motivo, el impactar que tendrá la modificación en el mercado “está muy jugado a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo” y cómo lo regule, señaló Bonet.

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