Administración Nacional de Puertos perdió juicio y debió devolver a privado medio millón de dólares

 Administración Nacional de Puertos perdió juicio y debió devolver a privado medio millón de dólares

Durante un año la administración “facturó indebidamente” a Terminales Graneleras Uruguayas SA por el uso del puerto de Nueva Palmira y la Justicia le dio la razón a la empresa

Terminales Graneleras Uruguayas SA opera como concesionario de las terminales graneleras de Nueva Palmira (Colonia) y Fray Bentos (Río Negro) -ubicadas en recintos portuarios administrados por la Administración Nacional de Puertos (ANP)- tras haber recibido la concesión por parte del Ministerio de Ganadería en 1999 y posteriormente recibir una prórroga por 15 años más en mayo de 2014.

En la concesión se estableció que Terminales Graneleras Uruguayas SA debe abonar un canon al Ministerio de Ganadería cuando se trata de operativas que involucran la utilización de bienes de la concesión (silos, cintas transportadoras, elevadores, etc.), que se fija en función del volumen de la mercadería involucrada.

Asimismo, como operador portuario, Terminales Graneleras Uruguayas SA abona a la ANP una tarifa por concepto de “provento portuario”, por utilizar sus instalaciones del puerto al realizar sus operativas, para lo cual la empresa pagaba una tarifa más baja que descontaba de los pagos al Ministerio de Ganadería.

Hasta fines 2013 la ANP facturó correctamente, pero a partir de ese entonces cambió su criterio y para las operativas de trasbordo de mercadería por el muelle costero de Nueva Palmira (que había sido inaugurado un año y medio antes y ya había sido utilizado por Terminales Graneleras Uruguayas SA) empezó a exigirle a la empresa el pago de una tarifa entera.

Este cambio de criterio se adoptó por parte de la administración en el entendido que Terminales Graneleras Uruguayas SA estaba utilizando para sus operativas bienes que no estaban dentro de la concesión, de acuerdo a lo que figura en el expediente judicial al que accedió Así Nos Va.

Desde la ANP se sostuvo que la empresa había movido mercadería en camiones y en una cinta transbordadora móvil, utilizando bienes de la ANP que no estaban dentro de la concesión que tenía la empresa, generando por su uso un “desgaste” que debía ser recompensado.

La empresa impugnó la decisión de la ANP por vía administrativa, pero la administración rechazó ir marcha atrás. Así fue que entre diciembre de 2013 y octubre de 2014 la ANP mantuvo este criterio de facturación para con Terminales Graneleras Uruguayas SA.

La jueza Analia Garcia Obregón sostuvo en su fallo emitido en 2017 que la ANP “facturó indebidamente” a Terminales Graneleras Uruguayas SA “ya que sin cambio normativo alguno cambió su criterio” y es por eso que le dio la razón a la empresa y encomendó a la ANP la devolución de 510.000 dólares más intereses.

La ANP apeló el fallo, pero volvió a perder. En 2018 la sentencia de primera instancia fue ratificada por el Tribunal de Apelaciones de 7° Turno, que encomendó a la administración a devolver al privado medio millón de dólares.

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