Guía para empresarios y trabajadores respecto a las nuevas normativas laborales

 Guía para empresarios y trabajadores respecto a las nuevas normativas laborales

Cecilia Demarco, responsable del Departamento de Derecho Laboral y Seguridad Social del Estudio Posadas, Posadas & Vecino, explicó el alcance de la normativa y de qué forma puede afectar tanto a trabajadores como empresarios.

LEY DE INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La ley de inserción laboral de personas con discapacidad fue promulgada en octubre de 2018. Su aplicación es progresiva y va aumentando con el correr de los años aunque, en principio, estipula que las compañías con más de 500 funcionarios deben contratar un 3% de personas con estas características.

Cuando se aprobó esta ley, la oposición la apoyó pero cuestionó que el Estado debería contar con un 4% de su plantilla ocupado por personas con discapacidad y todavía no lo cumple. Dentro de los discriminados, los pacientes con trastornos psiquiáticos son los que menos representación laboral tienen: hasta 2017, solo ocho uruguayos con estas características habían ingresado a trabajar a la administración pública.

“Es una de las normas que genera más dudas en los empresarios y las empresas de todo tamaño”, señaló la abogada y puntualizó: “Primero aplica a las empresas que tengan más de 25 trabajadores permanentes, si no llego a tener 25 trabajadores permanentes no tengo la obligación de dar cumplimiento a la ley de inserción de trabajadores con discapacidad”. La ley establece, de acuerdo a la cantidad de trabajadores y el periodo de vigencia de la normativa, el porcentaje de empleados con alguna discapacidad hasta llegar a un 4% para todas las empresas.

Demarco indicó que los llamados para ocupar las vacantes de las empresas deben hacer referencia a que se pretende
abarcar a personas con discapacidad y señaló que existe la posibilidad de contactar al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) por referencias o datos de personas que puedan aplicar. “La ley obliga a que pasada la lista tiene que estar el porcentaje [de personas con discapacidad] que exige para el período, si no hay que acreditar que se hicieron todos los esfuerzos en el proceso de selección para incorporar a alguien y no se encontraron candidatos”, sostuvo.

La ley establece obligaciones y subsidios para los empresarios. Según explicó la especialista la normativa establece subsidios para los aportes jubilatorios patronales respecto a las personas que entran en el marco de la ley y las obras de infraestructura que fueran necesarias para adecuar las instalaciones del lugar de trabajo a las discapacidades de sus trabajadores. A su vez Demarco señaló que existe un régimen general sancionatorio en cuanto al incumplimiento de las normas laborales: “Ese régimen se aplica en función de la cantidad de empleados de la empresa y se van incrementando de manera gradual ante la reiteración, es este caso puede ser una multa y si se reitera eventualmente podría llegar a la clausura del establecimiento”.

La abogada indicó que hay ciertos requisitos que los trabajadores tienen que cumplir para ser amparados por la ley: “Se tiene que registrar ante el Ministerio de Salud Pública, tener una evaluación médica que comprende a la discapacidad y cómo afecta su capacidad de trabajo, y en qué puestos puede prestar funciones”. “Es muy importante que quien tenga interés en verse amparado por esta ley promueva el registro”, dijo Demarco y agrego: “La norma consagra ciertos beneficios para el trabajador, una cierta estabilidad y un despido especial”.

FONDO DE GARANTÍA DE CRÉDITOS LABORALES

Otra ley aprobada en octubre creó el Fondo de Garantía de Créditos Laborales, administrado por el Banco de Previsión Social (BPS) y financiado por aportes patronales, que será utilizado para satisfacer determinados créditos laborales en situaciones de insolvencia de empleadores. En la justificación de motivos, se indica que esta norma procura continuar avanzando en la protección del trabajo para solucionar el problema de la insolvencia patronal y sus repercusiones en los créditos de los trabajadores. Según los legisladores, “los mecanismos existentes previstos en la ley de concursos son insuficientes e inadecuados para lograr la completa satisfacción de los créditos laborales”.

El Fondo de Garantía de Créditos Laborales “es una contribución de los empleadores de un 0.025% del salario a este fondo de garantía de insolvencia patronal. El objetivo es la creación de un fondo al que el trabajador pueda acceder al cobro de los salarios en caso de insolvencia”, explicó Demarco y detalló que no se ven comprendidos bajo esta normativa “los trabajadores que tienen un grado de afinidad hasta tercer grado con el empleador, personal gerencial y los trabajadores cooperativistas”.

Demarco señaló tiene que decretarse judicialmente la insolvencia patronal para que el trabajador pueda acceder a cobrar los créditos del fondo y previamente debe haber verificado su condición de acreedor”. La abogada indicó que el empleado, una vez cumplidos los requisitos, podrá acceder al cobro del salario base, sin elementos marginales (horas extras, primas, nocturnidad), la indemnización por despido, la licencia y la multa del 10% prevista por pago tardío de los créditos. “El monto está en 105 mil U.I., que son 431 mil pesos, eso es lo máximo que va a poder cobrar un trabajador configurados los requisitos a través del fondo”, sostuvo.

SERVICIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A partir de mayo, a cinco años de la entrada en vigencia del Servicios de Seguridad y Salud en el trabajo, todas las empresas del ámbito público y privado se verán abarcadas por la normativa, que busca promover la seguridad y la salud de los trabajados en el ámbito laboral. Estipula la obligatoriedad de determinados servicios para conservar un medio ambiente de trabajo seguro. Estos servicios son esencialmente preventivos y encargados de asesorar al empleador y a los trabajadores para favorecer su salud física y mental. Según la ley, las empresas con más de 300 trabajadores deben contar al menos con un médico, un técnico prevencionista y pueden complementarlo con un psicólogo y personal de enfermería.

La abogada indicó que el servicio de prevención tiene como objetivos identificar los riesgos laborales que puede haber en la empresa según la rama de actividad y promover acciones al respecto, reconocer cuáles pueden ser factores de riesgo ambiental, participar en el desarrollo de programas que mejoren la calidad de vida de los trabajadores, la vigilancia en temas de salud, la consulta en caso de que suceda un evento y el seguimiento de enfermedades que puedan tener alguna vinculación con la actividad que se desarrolla.

“Si las empresas tienen más de 300 empleados deben contar con un servicio integrado por un médico con formación en salud ocupacional y un técnico prevensionista, integrados a la estructura de la empresa”, señaló Demarco e indicó que en caso de que la compañía tenga entre 50 y 300 empleados tienen que tener el mismo servicio, pero puede ser externo y entregar informes cada tres meses como mínimo, mientras que las empresas de entre 5 y 50 trabajadores tienen que contar con un servicio que puede ser externo y se requiere que emita informes semestrales.

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