Director de antilavado: si Parlamento no aprueba ley antiterrorismo “vamos a tener problemas” con evaluación internacional

 Director de antilavado: si Parlamento no aprueba ley antiterrorismo “vamos a tener problemas” con evaluación internacional


Desde el pasado 20 de noviembre los abogados, contadores, las empresas inmobiliarias, constructoras, los casinos, los partidos políticos, los vendedores de objetos de arte y proveedores de servicios societarios deben inscribirse en el registro que fue creado por el decreto que reglamentó la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Esta nueva norma sienta las obligaciones específicas de cada sector en cuanto a los procedimientos que debe realizar en el marco de sus respectivas actividades para reportarlas al Estado, y con ello se pretende mejorar el sistema preventivo en materia de lavado de activos.

El titular de la secretaría Antilavado, Daniel Espinosa, dijo a Así nos va que “la secretaría Antilavado necesita tener una lista de las personas que están supervisando, para tener una vía de contacto permanente”.

Espinosa indicó que a nivel internacional existen estándares en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que se resumen en las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). “En el GAFI hay más de 190 países, incluyendo Cuba y el Vaticano, prácticamente todo el mundo adhiere a las normas. Este sistema establece cómo tipificar el delito, cómo controlar, cómo decomisar los bienes, cómo condenar. Para asegurar el cumplimiento hace rondas periódicas de evaluación, viene gente de cinco países de Latinoamérica y evalúa cómo cumplimos los estándares internacionales y con qué efectividad”, señaló Espinosa y concluyó: “Trata de evaluar si somos un país cooperador o no en materia internacional para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo”.

El titular de la Secretaría indicó que Uruguay paga una cuota de 40 mil dólares por año para pertenecer al GAFI, y argumentó que es “un requerimiento de la adecuada inserción internacional, es estar considerado un país cooperador en materia de prevención de lavado de activos”.

“Todo esto que hicimos con la ley de lavado es un gran avance porque apunta a uno de los problemas que tenía Uruguay históricamente asociado al delito fiscal”, dijo Espinosa y luego agregó: “Tenemos otro tema que es el financiamiento del terrorismo, todavía no tenemos aprobada la ley. La Secretaría Antilavado en noviembre de 2016 presentó dos proyectos de ley, uno integral de lavado que es el que se aprobó en diciembre y uno integral de terrorismo y su financiamiento que no se ha aprobado todavía, y eso es básico para tener una buena calificación en varios de los aspectos que se revisan durante la evaluación. Estamos contrarreloj”.

Espinosa señaló que Uruguay tiene tiempo hasta el 17 de mayo, cuando se retiren los evaluadores del GAFI: “Hasta el día de la visita de evaluación el país puede aportar nuevas normas que son consideradas”. Según el titular de la secretaría Antilavado si no hay una nueva legislación “vamos a tener problemas con el resultado general de la evaluación, porque por lo menos una tercera parte de lo que se maneja en la evaluación tiene que ver con terrorismo y financiamiento del terrorismo”.

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