Gobierno postergó apertura del “corralito mutual” y dejó negocio de Geocom en espera

 Gobierno postergó apertura del “corralito mutual” y dejó negocio de Geocom en espera

Todos los detalles de una decisión que tuvo sus repercusiones en las mutualistas y causó sorpresas.

El miércoles pasado un mail firmado por el presidente de la Junta Nacional de Salud, Arturo Echeverría, llegó a las casillas de correo de los directores de las mutualistas. El jerarca del Ministerio de Salud Pública (MSP) los invitaba a una reunión para el viernes 16 de noviembre, en las oficinas de la cartera, junto a autoridades de gobierno y representantes de la empresa Geocom para conocer de primera mano el sistema MORE (por Movilidad Regulada), creado por la empresa tecnológica para controlar el traspaso de usuarios durante la apertura del “corralito mutual” en febrero de 2019.

Al día siguiente, el jueves 15 por la mañana, el diario El País publicó en su tapa que era un hecho el anuncio de la apertura del llamado “corralito mutual” el próximo año y que el nuevo sistema diseñado desde el Ministerio de Salud Pública para cambiar de mutualista implicaría controlar las huellas de los usuarios como mecanismo para evitar la llamada “intermediación lucrativa”.

Llegó el viernes, el día de la tan esperada reunión a la que se había convocado a los prestadores de salud y a Geocom, pero una hora antes del encuentro desde el Ministerio de Salud Pública empezaron a llamar a todos los directivos invitados para cancelar el encuentro. ¿El motivo? Del otro lado del teléfono no hubo respuesta. La reunión solo se cancelaba.

Mientras tanto, el presidente Tabaré Vázquez firmaba en su despacho un decreto mediante el cual suspendía la apertura del corralito mutual en 2019 y se postergaba para febrero de 2020. A las autoridades puestas por el Poder Ejecutivo en la Junta Nacional de Salud -que fueron las encargadas de trabajar durante todo 2018 para llegar a tiempo con el mecanismo aceitado a febrero de 2019- nadie les avisó ni les consultó nada. Algo se había cocinado en Torre Ejecutiva en cuestión de 24 horas y a la Junasa la dejaron por fuera. La semana terminaba con un clima de malestar importante en los pasillos de la cartera de salud.

El lunes, en la web de Presidencia se publicó el decreto en el que consta el argumento del gobierno para no darle el próximo año la libertad de acción a los usuarios de elegir en dónde atenderse: “En la medida que las prácticas prohibidas relativas a la intermediación lucrativa persisten, la respuesta de la Administración no puede ser otra que el diseño de un sistema de probada confidencialidad técnica y jurídica, que impida la realización de las prácticas citadas, a cuyo fin se requerirá de un instrumento de rango legal que autorice el sistema mencionado y fortalezca la respuesta punitiva penal, extendiéndola a todos quienes intervienen en la cadena de responsabilidad, lo que supone prever la viabilidad de habilitar la apertura del período de movilidad a partir del mes de febrero de 2020”.

El Poder Ejecutivo pretende ahora, según se desprende de lo dicho por el ministro Basso, crear una nueva figura penal para quienes realicen o formen parte de la cadena de la intermediación lucrativa en la salud. ¿Por dónde iría esta figura penal? Es una incógnita, porque si hay algo que se ha legislado -entre 2001 y 2007- es precisamente la intermediación lucrativa.

La última legislación al respecto tuvo lugar en 2007 cuando se creó el Fondo Nacional de Salud. En la ley 18.131 se estableció: “El que por cualquier medio ejecutare o encomendare ejecutar actos de intermediación lucrativa, de promoción o publicidad, con la finalidad de captar socios o afiliados para las instituciones de asistencia médica pública o privada, entregando a cambio o prometiendo entregar a dichos socios o afiliados dinero u otra ventaja equivalente, será castigado con una pena de cuatro a veinticuatro meses de prisión”. Y además, se legisló para penaliza como “coautores del delito” a los directores y administradores de las instituciones “que por cualquier medio ejecutaren, facilitaren, propiciaren o aceptaren tales actos”.

¿Es entonces este el verdadero motivo que llevó de forma inconsulta y veloz a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo a resolver postergar la apertura del corralito mutual? ¿Las autoridades del Ministerio de Salud estuvieron trabajando durante todo 2018 sin haber analizado que, en paralelo al trabajo tecnológico, se requería una nueva figura penal?

Hagamos un breve repaso de las veces que Basso y las autoridades del MSP anunciaron en 2018 que en febrero de 2019 se abriría el corralito mutual, sin mencionar en ningún momento el aspecto jurídico y sí marcando el énfasis en lo tecnológico:

● Febrero de 2018- las autoridades del MSP con Basso a la cabeza concurren a la comisión de Salud de la Cámara del Senado y aseguraban que se estaba trabajando para que en 2019 los usuarios pudiesen cambiarse de mutualista mediante dos mecanismos: vía la web del Banco de Previsión Social y un sistema identificatorio de huellas instalado en los prestadores de salud.

● Abril de 2018- el MSP hizo un llamado a Consulta Pública a proveedores de servicios, de hardware y software, interesados en desarrollar una solución que permitiese asegurar el procedimiento de identificación de usuarios en las solicitudes de afiliación y cambio de prestador de salud, y que a su vez funcionara con el sistema informático del BPS.

● Setiembre de 2018- Basso concurre nuevamente al Parlamento en el marco de la rendición de cuentas y en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado sostuvo: “Estamos trabajando en un diseño que nos permita mitigar el daño generado a partir del proceso de la intermediación lucrativa. Lo estamos haciendo con la mira puesta para que en febrero, justamente, podamos reabrir la afiliación del cambio de institución”.

Entre los prestadores privados de la salud se maneja que una de las claves para entender la marcha atrás del gobierno respecto a la apertura del corralito mutual en 2019 está en el desarrollador tecnológico, Geocom, y la inconveniencia de que haya sido ésta la empresa seleccionada por la cartera de Salud para desarrollar el mecanismo de combate a la intermediación lucrativa, según indicaron a Así Nos Va fuentes del sector.

Geocom, la empresa de desarrollo tecnológico a la que se asocia sistemáticamente a Javier Vázquez -hijo del Presidente de la República- desde que éste diera cuenta ante la Justicia en 2008 que le prestó asesoramiento para desarrollar negocios en Venezuela, fue la empresa que presentó la mejor solución tecnológica, sostuvieron los informantes consultados por Así Nos Va.

Veamos esto con mayor detalle: cuando en el mes de abril el MSP lanzó la consulta pública para que las empresas interesadas se presentaran, unas cuantas firmas de la plaza local mostraron interés. Posteriormente algunas de ellas presentaron sus proyectos.

La consulta pública, de acuerdo al pliego elaborado por el MSP tenía -y citamos textual- “como alcance exclusivo la recolección de información referente a las diferentes soluciones disponibles y aplicables al tema de referencia. No asume al realizarla compromiso de ningún tipo a los efectos de elegir, contratar o implementar producto ni servicio alguno. La realización de la presente consulta no implica que, si en el futuro se realiza efectivamente la implementación de esta solución, se hará obligatoriamente seleccionando una de las presentadas en este proceso. Tampoco implica que los participantes del mismo tendrán privilegios o preferencias en futuros llamados”.

Fuentes gubernamentales que participaron de la evaluación de las empresas indicaron a Así Nos Va que Geocom fue la única compañía que presentó un POS con registro de huella dactilar que se ajustaba a lo que el MSP pretendía. De allí que fue la seleccionada para desarrollar toda la operativa.

¿Cuál era el acuerdo? Cada prestador privado de salud debía suscribirse al servicio pagando 12 cuotas de 65 dólares; comprar los POS (tanto para sus casas centrales como para sus sedes secundarias a donde los usuarios irían a hacer el cambio de prestador de salud), y pagarle a Geocom entre 1 y 2 dólares (no estaba aún definido) por cada usuario que pusiera su huella y se afiliara.

Tras la decisión de Vázquez y su administración de postergar la apertura del corralito mutual, Geocom se quedó con el negocio en “stand by” y los usuarios con intenciones de cambiar de prestador deberán aguardar un año más.

Sin embargo, usted usuario de la salud, tiene dos vías de escape: o se muda y le avisa al MSP que su prestador le queda lejos, o aduce “pérdida de confianza” en su mutualista a través de una carta y espera a que las autoridades entiendan su reclamo. Solo así podrá, antes de 2020, dejar de ser rehén del sistema sanitario.

Escucha el informe completo:

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