BPS tiene normativa desde los ’90 para suspender pensiones a procesados con prisión por la Justicia

 BPS tiene normativa desde los ’90 para suspender pensiones a procesados con prisión por la Justicia

“Enterados de la existencia de un auto de procesamiento por un delito que implique pena de penitenciaría suspendemos la pensión hasta la liberación”, dijo a Así nos va la directora del Banco de Previsión Social (BPS), Rosario Oiz, e indicó que la normativa “refiere a jubilaciones y pensiones” pero no a asignaciones familiares ya que en esos casos los beneficiarios son los niños.

Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, dijo al programa En Perspectiva de Radio Mundo que la mujer que lideraba la banda de narcotraficantes del Complejo Quevedo, conocida como el clan Figueroa, recibía una asignación familiar y una pensión por incapacidad; beneficios que mantendría a pesar de haber sido formalizada por narcotráfico y lavado de activos porque “no está previsto legalmente” el mecanismo para “eliminar algunos beneficios sociales”.

La directora del BPS, Rosario Oiz, dijo a Así nos va que la mujer “antes de vivir en el Complejo Quevedo vivía en un rancho de lata con sus hijos hacinados en una clara situación de vulnerabilidad social” y agregó que “para otorgar la asignación familiar – tanto el BPS como el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) – analizan la situación en el momento que se otorga la prestación, después se analizan los cambios cuando alguna situación amerita que se hagan revisiones”.

“Tenemos – tanto el Mides como nosotros – equipos que acompañan a las familias con vulnerabilidad y además tenemos cruzamiento de información, eso hace que cuando detectamos que una familia dejó de estar en situación de vulnerabilidad se corta la asignación familiar”, dijo Oiz y agregó: “Estamos hablando de cientos de miles de prestaciones. Se hacen todos los esfuerzos para acompañar a estas personas, pero que alguno se nos puede escapar, sí, alguno se nos puede escapar”. “Por la vía de la fiscalización, el acompañamiento de las familias y el intercambio de información se van regulando las situaciones”, concluyó.

En cuanto a los casos de beneficiarios de prestaciones procesados con prisión Oiz aclaró que “enterados de la existencia de un auto de procesamiento por delitos que impliquen pena de penitenciaría se suspende la jubilación o la pensión hasta la liberación”, y acotó: “Pero nos tenemos que enterar”.

“Nos quedan claras y nos alerta a todos las situaciones de delincuencia que el Ministerio del Interior está detectando y combatiendo, pero el resto del sistema se está tratando de ajustar a cómo colaboramos en estas situaciones”, dijo Oiz y agregó: “Hace un tiempo se generó un grupo de trabajo entre el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, el BPS, y el Mides para coordinar acciones y comunicaciones para obtener mejores resultados. Algunas de las cosas van a requerir alguna reforma legislativa”.

La directora del BPS indicó que la líder del “clan Figueroa” percibía la asignación familiar, “que es un equivalente a mil pesos por niño” y una pensión por invalidez de “al rededor de ocho mil pesos”. “Cuando estamos hablando de una pensión por invalidez es haber acreditado ante el BPS no tener una capacidad física y/o intelectual para trabajar”, indicó Oiz y señaló que se va a “revisar cuál fue la situación y qué fue lo que pasó” y que se tomarán medidas al respecto “si hubo una certificación ‘truchada’ o mal hecha”.

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