Fiscalía realojó a más de 40 testigos protegidos desde la entrada en vigencia del nuevo CPP

 Fiscalía realojó a más de 40 testigos protegidos desde la entrada en vigencia del nuevo CPP

Algunos incluso fueron trasladados a otros departamentos; el fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo que el 51,7% de los casos se resuelven con juicio abreviado y el 25,4% con suspensión condicional del proceso.

Así nos va: ¿Qué evaluación hace usted del funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal?

Jorge Díaz (JD): En primer lugar, para poder hacer una evaluación uno tiene que describir sintéticamente el significado de este cambio y la magnitud. Cambiar 200 años de sistema inquisitivo en el país y una cultura de proceso escrito, opaco y reservado, cambiarla en un día es prácticamente imposible. Es relativamente fácil aprobar una norma jurídica, lo que es complejo es aplicarla. Sobre todo no por dificultades de la formación sino porque culturalmente los operadores del sistema de administración de justicia y la policía como principal auxiliar tenemos en nuestro ADN el sistema inquisitivo.
Tan metido lo tenemos que hoy en la mañana muy temprano leyendo el proyecto que aprobó la comisión ayer me encuentro que nuevamente, un poco por la ventana, se vuelve a insertar dentro del proyecto las famosas diligencias para mejor proveer, que son un instrumento absolutamente impropio del sistema acusatorio y propio del sistema inquisitivo.

Así nos va: Para quienes no manejan la jerga judicial, qué vendría a ser esta modificación que usted entiende que no es pertinente.

JD: Pasar de un sistema donde el juez tiene la responsabilidad inquisitiva (que significa que hay un juez que tiene la responsabilidad de investigar y averiguar la verdad material y luego cuando se convence que tiene un caso se lo pasa al fiscal y el fiscal pide o no pide y el juez resuelve sobre su propia investigación) donde el juez y fiscal están parados casi en el mismo escalón y el juez desarrolla la tarea que produce un resultado que luego va a usar el fiscal acusando. Cambiar eso y tener un proceso adversarial donde hay dos partes que están en igualdad de condiciones, es decir el fiscal y la defensa, y el juez en un escalón superior reservándole la tarea de decidir el conflicto, que es la más importante, y dejar a ese juez absolutamente imparcial es un cambio cultural grande para los fiscales y jueces que tienen que pasar a no meterse en la investigación. Ese cambio es muy profundo. Pero a ese cambio le agregamos un segundo, que es la oralidad. Este país tiene una larguísima historia de opacidad en su proceso de administración de justicia. Acceder a la información en el sistema antiguo era muy difícil. Hoy el cambio implica que todo es público. ¿Por qué se habla tanto de la Justicia Penal en este momento? Porque toda la información es pública, todo el accionar de los fiscales, de la defensa, de los jueces, es público. De pasar a dar la respuesta ‘es reserva de presumario’ a un sistema donde hay que dar la cara, responder y dar explicaciones es un cambio muy profundo.

Así nos va: ¿Cuál es la modificación que se aprueba ayer que no va en línea con el nuevo Código?

JD: Facultar a los jueces a diligenciar prueba. Que era una cuestión que tienen prohibidos los procesos acusatorios, que es un instrumento propio del sistema inquisitivo, que son las pruebas cuando el juez tiene dudas. Ahora bien, en el sistema acusatorio hay dos partes que se enfrentan y el Estado es quien tiene la carga de probar, más allá de una duda razonable de que un individuo cometió un delito, el individuo se defiende, y el juez resuelve. Si al juez le quedan dudas lo que tiene que hacer es absolverlo. No diligenciar prueba. La doctrina habla de no de diligencias para mejor resolver sino de diligencias para mejor condenar.

Así nos va: Usted está en desacuerdo con ese cambio…

JD: Eso apareció ayer. No lo habíamos visto en el debate parlamentario.

Así nos va: No fue consultado al respecto.

JD: No fuimos consultados al respecto de ningún artículo. Se nos sugirió concurrir a la comisión, lo mismo pasó con la SCJ y planteamos que como había discusiones sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad del proyecto no queríamos participar del debate porque si adelantábamos una opinión luego planteada la inconstitucionalidad no íbamos a poder participar del proceso. Si un ministro de la SCJ va a la comisión y dice esta ley es constitucional o inconstitucional, luego si se plantea se tiene que excusar de intervenir. Al fiscal de Corte le pasa lo mismo. Todos los procesos de inconstitucionalidad pasan por mi despacho y si yo adelanto mi opinión de alguna forma estoy excluyéndome de cumplir mi función natural que no es la de asesorar al Parlamento sino resolver. Voy al Parlamento cada vez que se me convoca, me reintegré el lunes y el lunes mismo estuve en la comisión de Defensa del Senado, no hay ningún inconveniente en concurrir a todas las comisiones las veces que sea necesario para rendir cuentas. En algunas oportunidades tenemos que callarnos, porque nos está condicionando nuestro propio trabajo a futuro.

Así nos va: Otra de las modificaciones que se proponen es que pase a ser obligatorio que los fiscales pidan al juez prisión preventiva en casos de delitos graves.

JD: La redacción que quedó aprobada en el proyecto, el proyecto fue modificado sustantivamente respecto al proyecto del Ejecutivo. Pasamos de una prisión preventiva preceptiva que debían disponer los jueces en determinados casos o para determinados delitos a una norma que dice que el fiscal debe pedir la prisión preventiva. Para que el ciudadano entienda. Una persona sometida a proceso es en principio inocente. Rige el principio de inocencia. Uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cómo se prueba lo contrario? Con la sentencia de un juez que dice ‘fulano de tal es el autor responsable de tal delito’. A partir de ese momento la persona será culpable. Durante ese período es inocente. Si es inocente, en principio debería estar en libertad. Ahora en determinados casos existe riesgo se pueda fugar, destruir prueba (ocultar documentos, amenazar testigos, mil formas que puede haber) o en algunos casos se establece el riesgo de reiteración del delito, que para muchos autores evitar este riesgo es un fundamento de la pena y no de la medida cautelar, hay una discusión académica, pero no importa. Aceptemos que hay tres riesgos que se pueden cubrir. Si existen esos riesgos es posible adoptar una medida cautelar: esa puede ser la prisión preventiva. Es una prisión que se dispone de un sujeto mientras dura el proceso a los efectos de evitar que se fugue, frustre la prueba o pueda reiterar su conducta. Lo que establece ahora el proyecto es que no es preceptivo, obligatorio, para el juez disponerlo pero sí el fiscal lo debe pedir. El concepto cambia porque se establece y yo creo que jurídicamente en una forma más prolija que el riesgo se presume. Se mantiene la trilogía pero se establecen presunciones de esos riesgos: si es un delito grave y la pena que puede recaer es alta, el Estado presume que el individuo se quiere fugar. Lo cual es razonable. Incluso más, hasta va en línea con lo que establece la CIDH: la prisión preventiva solo puede ser cautelar pero el Estado puede presumir esos riesgos en casos de delitos graves con penas altas.

Así nos va: ¿Por qué esta modificación llega ahora y no se puso en su momento?

JD: Es que en el Código están.

Así nos va: ¿Y entonces?

JD: Lo que ahora se establece es la obligación de pedir la prisión preventiva. En la redacción original se dejaba en libertad al fiscal evaluar si ese riesgo existía o no para pedirlo.

Así nos va: ¿Y a usted le parece bien?

JD: A mí no me parece bien porque implica una desconfianza de la actuación de los fiscales porque los fiscales en cada uno de sus cargos tienen pantalones largos hace un rato, y en principio uno pensaría que no es necesario que se le pongan estas limitaciones, pero también reconozco que es un tema de decisión política. Como fiscal de Corte tengo claro que hay un plano que es jurídico en el cual puedo debatir y otro que es político, en el cual uno en principio se tiene que abstener de participar. Si el Parlamento nacional entiende casi por unanimidad, puedo compartir uno u otro, pero es una decisión de naturaleza política y lo que me corresponde a mí como operador del sistema es aplicarlo. Y si hay algún fiscal que entiende que esa norma es inconstitucional lo planteará. La conveniencia o inconveniencia es una valoración política, no que tenga que hacer yo.

Así nos va: Por la cuestión, val vez en el plano político y las críticas que le han surgido al nuevo CPP parece que es…

JD: Ha servido de excusa para mucha cosa.

Así nos va: Parece ser el causante de todos los males.

JD: Una cosa son los chivos expiatorios, que a veces se encuentran para determinar algunos resultados y otra cosa son las realidades.

Así nos va: El nuevo CPP es chivo expiatorio para justificar qué.

JD: Usted lea la prensa y se va a dar cuenta, yo me he llamado a silencio en el sentido de que no voy a debatir o tratar con las demás autoridades públicas, ni con la Corte ni con el Ministerio del Interior, por lo menos públicamente y a través de los medios. Sí institucionalmente que es donde corresponde plantear estas cosas como una forma de contribución a evitar ese ruido en la línea que molesta a los ciudadanos y que entiendo que les moleste. A mí como ciudadano me molesta, no me gusta, que las instituciones del Estado se sacan la pata al lazo, se echan la culpa recíprocamente y uno observa esa tendencia de que nadie asume responsabilidades y la culpa parece ser siempre del otro. No vamos a entrar en ese camino o línea donde parece ser que cada una de las instituciones por sí hace todo perfecto y que sale mal es culpa de la otra institución.

Así nos va: Igual usted está advirtiendo que el nuevo CPP es el chivo expiatorio, no dice de qué.

JD: Creo que sus oyentes son muy inteligentes y sabrán sacar sus propias conclusiones.

Así nos va: Creo que usted no quiere criticar la política de seguridad encabezada por Bonomi, o lo deja en una posición muy incómoda.

JD: La pregunta es si me corresponde a mí hacerlo como fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. Puedo tener una opinión como ciudadano, y la tengo. También tengo un rol institucional que preservar. Lo que sí digo es que cuando se pretende justificar el incremento de la tasa de homicidios por la aplicación del Código del Proceso Penal es una afirmación absolutamente inconsistente. Por la sencillísima razón de que la tasa de homicidios viene creciendo desde 1985 a la fecha. Y viene creciendo en forma constante con algunos altibajos y ha tenido escalones, no picos. Crecimiento en determinados años que luego se han mantenido. Del 2011 en adelante hubo 199 homicidios, en 2012 hubo 267. Un crecimiento del 35%, esto fue un escalón. En 2013 fueron 260, en 2014 son 268, en 2015 fueron 293, en 2016, nuevamente 268, ya en 2017 282 y ahora se dispara. Acá me lo explicás por el CPP supuestamente y en el 2011 a 2012 ¿por qué me lo explicás? Lo que tenemos que entender es que este crecimiento obedece a múltiples factores que no son justificables por la aplicación de una norma procesal, porque además el número de formalizaciones por homicidios la prisión preceptiva es prácticamente de regla, aunque el código no lo diga. No conozco una formalización por homicidio desde el primero de noviembre que no se haya pedido ni dispuesto prisión preventiva.

Así nos va: La prisión preventiva donde no está funcionando es en el caso de rapiña o hurto y estafa. El subsecretario Jorge Vázquez dijo que la policía los atrapaba y los fiscales los liberan.

JD: Pero esa afirmación la vengo escuchando desde el ’85. ¿O usted nunca escuchó hablar de la puerta giratoria? ¿Y nunca escuchó a los jueces decir que la policía no nos trae la prueba? ¿Qué tiene de nuevo este debate? Nada de nuevo.
Este cambio cultural implica cambios profundos. Nosotros al comienzo tuvimos dificultades, las admitimos públicamente, tuvimos dificultades con el sistema informático, la distribución de cargas de trabajo. El otro día me preguntaba un colega de ustedes si no teníamos autocrítica para hacer, y por supuesto que tenemos. Cambiamos tres veces el sistema de distribución del trabajo desde noviembre (en diciembre, en febrero y ahora). Permanentemente estamos buscando cosas para corregir y que tenemos que mejorar, y los procesos de trabajo y distribución de cargas. Ahora vamos a empezar a discutir las cautelares. La mejoría si se mira en cifras: en noviembre, diciembre y si quiere tres meses, enero, bastante complicados. Arrancamos con 404 formalizaciones en noviembre, 562 en diciembre, 571 en enero. Esos fueron complicados. Los resultados estuvieron lejos de lo que esperábamos por distintas razones. Luego en febrero pasamos a 653, marzo 825, abril 803, en mayo 841 y estamos en el 90% del nuevo proceso, habría que sumarle los del proceso antiguo. Este proceso rápidamente se va acercando a los que teníamos antes. ¿Estamos conformes con esto? No, estamos convencidos que podemos mejorar mucho más todavía.

Así nos va: Hace dos semanas, la presidenta de la Asociación de Fiscales, Brenda Puppo, reconoció en entrevista con Así nos va que los fiscales utilizan el “juicio abreviado” para tapar falencias administrativas y falta de recursos. “Lamento decirlo, pero el juicio abreviado es para nosotros una solución. Queremos evitar los juicios orales porque es un trastorno impresionante la búsqueda de evidencia”. ¿Es deseable que utilicen el proceso abreviado para evitar los juicios orales porque es un trastorno impresionante la búsqueda de evidencia?

JD: En los sistemas acusatorios en el mundo, podemos hablar del americano que tiene más de 360 años, o los sistemas acusatorios maduros como el chileno o el colombiano, y los juicios orales son el 10%. Todo el 90% restante se resuelve a través de procesos abreviados. En Chile no llegan al 10% y en Estados Unidos es el 5%. Partir del paradigma de que cuantos más juicios orales es mejor creo que es equivocado en el sistema acusatorio.
Nuestras cifras –porque el sistema anterior era tan opaco que nos manejábamos con el masomenómetro– cerradas a abril nos dan que por proceso abreviado solamente se resolvió el 51,7%, es decir que los acuerdos famosos con los delincuentes no llegan al 52%.

Así nos va: Igual es más de la mitad.

JD: Si pero en otros países es el 90%. Pero en el juicio abreviado hay sentencia de condena, imputación penal y pena a cumplir. Termina con sentencia de condena, declarando a fulano de tal penalmente responsable por delito de tal cosa.
Así nos va: Pero parece que la opinión pública se calma con la prisión únicamente. Si uno escucha que un delincuente arregla devolver la plata a la persona que robó y evita la prisión.

JD: Pero eso no es un juicio abreviado, es un acuerdo reparatorio. Y el acuerdo reparatorio representa el 0,8% de los casos. ¿A usted le parece que es un impacto mediático? 25% la suspensión del proceso, que no es un acuerdo porque hay una formalización y hay una decisión del fiscal de suspender el proceso e imponerle medidas al imputado, que antes pasaba de otra manera porque se llamaba suspensión condicional de la pena. Hacíamos todo un juicio escrito, el individuo nunca iba preso, se dictaba la sentencia, se suspendía condicionalmente y no iba preso. Ya pasaba antes. Pero en la oscuridad del inquisitivo. Ahora pasa a ojos de la población y hay una institución como la Fiscalía que dice estos son los números.

Así nos va: ¿Pero se acordaba entre las partes penas inferiores?

JD: Lo que creo es que hay una concepción equivocada de decir que se llega al proceso abreviado. La esencia misma del proceso es una evaluación que hace el fiscal del caso que tiene. En los casos en que está permitido, porque hay un montón de delitos donde no está permitido.
El fiscal hace una evaluación y dice muy bien, tengo este caso y esta evidencia. Con esta evidencia puedo formalizar. Formalizo. ¿Qué posibilidades de éxito tengo en un juicio oral con este caso? Porque en un juicio oral tengo que tener evidencia científica, testigos, que vayan y declaren, y se mantengan y sostengan, que en un conjunto de delitos es muy complicado. Más allá de que existe el procedimiento del testigo protegido. Desde el primero de noviembre lo hemos usado hasta el cansancio, no tengo el número exacto pero hemos realojado a más de cuarenta personas.

Así nos va: ¿Realojado en qué sentido?

JD: Cuando uno tiene un testigo protegido o una víctima que corre riesgo hay que hacer una evaluación del riesgo. Hay distintas medidas que se pueden tomar. En algunos casos basta con que ese testimonio se preste de forma anticipada e incluso está previsto que para determinados delitos como los sexuales o donde hay niñas, niños o adolescentes, es obligatorio que se desarrolle de esa manera, y en estos casos ni siquiera los interroga un juez sino el funcionario en sala aparte. En el caso de los testigos protegidos por delitos de extorsión o magnitud, se hace por prueba anticipada y a veces alcanza con eso. En otras ocasiones hay que sacar a la persona del medio donde está viviendo. Tenemos gente realojada en otros departamentos porque tenemos casos de homicidios o drogas donde hay testigos protegidos alojados en otros departamentos porque tenemos que asegurarle la vida a la persona, levantarle la protección implica una condena de muerte no escrita. Pero además de eso la Fiscalía necesita del testimonio de esa persona en un juicio oral. El fiscal hace una evaluación de la prueba y dice seguramente voy por juicio abreviado, obtengo sentencia de condena y lo que está habilitado el fiscal es a negociar la pena y lo que puede hacerla es rebajarla en un 30% de la pena que estimaría que le pueda caer. Ahí hay toda una discusión que yo creo que hay dos institutos que se están aplicando y yo entiendo que no se deben aplicar y creo que la reforma en ese sentido estoy de acuerdo que es si se acuerda una pena efectiva se tiene que cumplir. Lo que no puede pasar es que si se acuerda una pena luego esa persona salga a la mitad por libertad anticipada o redima pena de 2×1. Si hay proceso abreviado y pena efectiva se tiene que cumplir del primero al último día y no pueden ser aplicados a estos casos beneficios como la libertad anticipada o redención de pena. Estoy completamente de acuerdo en ese sentido.
No creo que los fiscales estén acordando procesos abreviados por falencias, creo que acá se mezcló una cuestión doctrinaria con un reclamo gremial, porque sino los procesos abreviados deberían ser un porcentaje mucho mayor. Ahora lo que tenemos que empezar es a discutir con cifras, no con el masomenómetro, porque las cifras hoy están.
El otro día escuchaba que el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, decía que se pedían penas infinitamente bajas. La pregunta es ¿de dónde surge ese dato? ¿La Corte tiene un registro de las sentencias y penas que se han impuesto desde el primero de noviembre? ¿Hay una fuente objetiva? ¿La Corte tiene ese registro? Yo no lo conozco. Se transmite como hecho algo que es una percepción. Lo que pasa que a veces no se tiene en cuenta que cuando se transmite como hecho lo que es una percepción, estoy generando opinión. ¿Por qué no es público ese registro? Si no hay un registro lo que se está transmitiendo es en base a uno o dos datos que tuvieron impacto, estoy haciendo una afirmación que genera opinión.

Así nos va: ¿Esta consideración respecto a Chediak se puede trasladar a su entender respecto al ministro Bonomi? En cuanto a las críticas que realiza al nuevo CPP. ¿Bonomi habla con cifras?

JD: Hay una afirmación que realiza el ministro y el subsecretario de un dato que es cierto. No tenemos 1.400 presos menos. La cifra más alta que hubo en el Uruguay fueron 11.266 y hoy estamos en 10.026. Nunca llegamos a 1.400 menos. Es verdad que hay menos personas privadas de libertad. Eso es cierto, lo que él está extrayendo de una afirmación fáctica, que tiene un dato real, es una conclusión que es lo que tenemos que discutir si es cierto o no. No el dato. En el otro caso yo discuto el dato. Porque hay una afirmación de un dato. Se maneja una cifra que luego cuando la contrastamos con la realidad no es verdad. Una cosa es discutir el hecho y otra cosa es la conclusión que extraigo del hecho.
En el Uruguay, en diciembre de 1999 había 4.117 personas privadas de libertad. En diciembre de 2017 11.005. Es decir la tasa de personas privadas de libertad creció en menos de 20 años un 168%. La pregunta es: ¿eso tuvo un impacto en los delitos? ¿En alguno de estos años los delitos disminuyeron? La respuesta es no. Entonces, estoy partiendo de una base empírica diciendo cuanto más personas privadas de libertad tengo menos delitos tengo y cuanto menos privados de libertad tengo más delitos tengo que es falsa. La evolución histórica de las tasas de privación de libertad y delitos lo demuestran. Esa es la primera cuestión que me rechina un poco.
Segundo es el dato de los homicidios. Y tercero es que más allá de los números bajos de formalizaciones que tuvimos en noviembre y enero hay un dato de la realidad, desde marzo tenemos más formalizaciones por rapiña por mes que procesamientos en 2017. En marzo abril y mayo se formalizó a más gente por rapiña que la que se procesaba en octubre de 2017.

Así nos va: Está claro, ahora respecto a lo dicho en el día de ayer por parte del ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Que el ministro salga a decir que no están presos los que deberían estar presos y no están libres los que deberían estar libres, es una frase que de alguna forma le está diciendo a los fiscales no están haciendo el trabajo que tienen que hacer.

JD: En este país la única que dispone que una persona tiene que estar presa o en libertad es la Justicia. No es el Ministerio del Interior. El único funcionario público que puede privar a un ciudadano de su libertad ambulatoria, legalmente es un juez. No el ministro del Interior. Entonces, zapatero a tus zapatos. Zapatero a tus zapatos. Quien decide quien tiene que estar preso y quien tiene que estar libre no es el ministro, la policía, ni siquiera yo. Son los jueces.
Los fiscales en este país tenemos los pantalones largos hace mucho tiempo y no necesitamos que ningún ministro de la Corte o del Ejecutivo nos diga lo que tenemos que hacer.

Así nos va: Lo que no me queda claro es si es cierto lo que dice Bonomi respecto a si aumentaron 50% las rapiñas desde que se aplica el nuevo CPP.

JD: Los datos prefiero que los publiquen para poder hablar con información arriba de la mesa.

Así nos va: Vale decir que el Ministerio del Interior todavía no ha publicado. Tenemos un adelanto.

JD: Los datos que nosotros sí podemos hablar, que son los nuestros, son que cuando hicimos –y tiene un impacto presupuestal importante– las previsiones teníamos en 2015 unas 224 mil noticias criminales al año. En 2016 236 mil y 2017 247 mil. Ahora bien eso nos daba un promedio aproximadamente de unas 20 mil denuncias por mes. Desde el 1º de noviembre, que es cuando nuestro sistema comienza a funcionar, pasamos de 20 mil a 29 mil por mes. Anualizadas las cifras de noviembre en adelante vamos a terminar el 2018 con 358 mil al año. Es absolutamente imposible de prevér, después de 3 años con crecimientos de a 10 mil, pasar a tener un crecimiento de 10 mil por mes. Es absolutamente imprevisible. Es un dato que le puedo dar y que a nosotros con toda franqueza nos complicó la vida. Habíamos preparado en base a una determinada información y luego en la práctica esa información era un 60% superior. Por eso además vamos a pedir refuerzos presupuestales.

Así nos va: ¿De quién es el error de cálculo?

JD: Los números son esos. La pregunta no es de quién es el error sino por qué pasamos de 20 mil a 29 mil por mes. Salvo que usted me diga que los delincuentes estaban apoyados en la puerta el 1º de noviembre a las doce de la noche para salir a rapiñar, cosa que parece un poco ilógica, algo pasó. Hay una combinación de factores que habrá que analizar pero evidentemente hicimos cálculos en base a una cifra que no se condice con la realidad.

Así nos va: Antes de finalizar ¿está previsto crear una segunda fiscalía de homicidios en Montevideo?

JD: En el pedido presupuestal vamos a incluir la solicitud de más de una fiscalía en Montevideo. Una de ellas va a ser destinada a homicidios. Estamos analizando, hoy me voy a reunir con Gómez y otros fiscales, la posibilidad de ver si no lo podemos hacer antes, porque pedirlo en el presupuesto implica que en caso de que sea aprobado –que las noticias que tenemos ahora no son muy halagadoras– porque parece que hay plata para mucha cosa pero para la Fiscalía hay, pero poca, estamos estudiando la posibilidad si vía transformación no podemos hacerlo antes, aprovechando algunos movimientos que hay que hacer por jubilaciones y demás. Esperemos agudizar el ingenio y poder crearlas antes. Tenemos otra situación compleja que son las fiscalías de Delitos Sexuales de Montevideo, que tienen una carga de trabajo hasta más importante cualitativamente y en algunos lugares del interior hay situaciones complejas.

Así nos va: ¿Alcanza con los 65 millones previstos en la Rendición?

JD: No, y más si tenemos que implementar la ley de género. Hoy leía que el Poder Judicial va a pedir 950 millones de pesos, nosotros en principio estaríamos pidiendo 300 solo para la ley de género y probablemente otros 300 más para el sistema penal acusatorio, pero lo estamos definiendo ahora. Es aproximadamente el 10% de lo que habíamos pedido. Confiamos en el debate parlamentario y convencer a los legisladores. Tenemos un déficit ya de pique entre lo pedido y otorgado de veinte fiscales.

Otras Noticias