Caso María: los hechos y el manejo de la opinión pública

 Caso María: los hechos y el manejo de la opinión pública


Esta mañana termina en Uruguay el denominado “Caso María”, la batalla legal que libraron durante dos años una madre uruguaya y un padre español por su hija menor de edad. La opinión pública conoció el caso en forma masiva en setiembre 2017, cuando se lanzó la campaña en redes sociales con el hashtag #MaríaNoSeVa. En los últimos días, tras conocerse que madre e hija partirán este lunes desde el Aeropuerto de Carrasco con destino a España, ese hashtag pasó a ser #MariaNoVaSola.

Repasemos los hechos de este caso que ha movilizado a figuras públicas, organizaciones sociales, al Poder Ejecutivo -cuestionando al Poder Judicial-, e instaló un relato a nivel de la opinión pública sustentado en lo emocional más que en el ordenamiento jurídico que rige en Uruguay.

María Noel Ugarte Michelini, madre de la niña, viajó a Uruguay desde su lugar de residencia -España- con la pequeña el 7 de Abril de 2016, con fecha de regreso marcada para el 26 de mayo de 2016. Su intención era venir de vacaciones, a visitar a su familia, como ya lo había hecho antes. Su pareja de entonces y padre de la niña, Pablo Santos (con quien comparte la patria potestad) autorizó que la pequeña saliera de España y pasara las vacaciones junto a su madre.
Durante el vuelo con destino a Uruguay, la niña -según la madre- realizó unos dibujos que resultaron “raros”, y al llegar al país su cuñada -de profesión Psicóloga- le recomendó consultar con una terapeuta.

El día que madre e hija debían volver a España, el 26 de Mayo de 2016, la madre presenta una denuncia penal contra el padre y decide permanecer en Uruguay. Transcurrido un mes, el 23 de Junio de 2016, el padre en España realiza una solicitud de restitución internacional de la niña.

Ugarte Michelini pasa a ser defendida por tres abogados: María Eugenia Cal, responsable del área de Familia del Estudio Ferrere, Virginia Salvo (quien trabajó como asociada senior para el mismo estudio jurídico) y Carlos Beceiro.

El caso se delinea por parte de la defensa de la madre sobre los siguientes análisis:

• Pericia de la psicóloga Laura Gandolfo, tratante de la niña, quien en base a entrevistas a madre e hija concluye haber encontrado indicadores de abuso sexual.
• Informe de la psicóloga sexóloga Rosario Cardoner, quien indica en su pericia que la niña, luego de haber vivido una separación parental con características violentas, de su producción gráfica así como de su relato espontáneo y su despliegue en el juego, surgen indicadores físicos y emocionales de maltrato y abuso sexual.
• Informe de la ginecóloga Milvana Salomone, quien informa que no pudo examinar a la niña porque la pequeña se negó a la revisión médica.
• Informe de la subdirectora del departamento Médico Criminológico del Instituto Técnico Forense, la psicóloga Ana Nin. “No menciona en ningún momento el abuso. Concluye que la niña se muestra muy angustiada por el temor a perder a su madre y las represalias del padre por su viaje a Uruguay. Con la madre evidencia apego seguro, la figura del padre agresiva, hostil, distante. Que tanto madre e hija han vivido situaciones de violencia con escalada a posteriori de la separación. La perito se pronuncia sobre la conveniencia de la residencia de la niña en Uruguay para tomar distancia y recobrar confianza”.

La jueza de Familia, Rossana Pose, ordenó la restitución de la niña a España acompañada de su madre, pero la defensa de ésta apeló. Y sobre fines de diciembre de 2016, el Tribunal de Apelaciones de Familia ratificó lo fijado por la jueza en primera instancia: se estaba ante un traslado ilícito de una menor de edad, de acuerdo a la Convención de La Haya.
“Ni puede la Justicia emitir un fallo definitivo respecto de la existencia o no de abuso (entre otras cosas porque el presunto abusador no se encuentra en Uruguay), por lo tanto no puede ser directamente oído, periciado, etc.; y por otra parte, no es competencia de la Jurisdicción de Uruguay emitir tal pronunciamiento, sino de la Justicia naturalmente competente”. Es decir, España.

Advirtiendo que la niña efectivamente dio muestras de haber presenciado violencia doméstica, la Justicia uruguaya le pide a la Justicia en España que -para restituir a la niña- es necesario establecer una orden de prohibición de acercamiento al padre (tanto de la niña como de la madre). Además, reclama que Ugarte Michelini sea sobreseída en la causa penal en su contra.

La Justicia española demora nueve meses en pronunciarse, y para ese entonces ya estamos en setiembre de 2017. Finalmente España le contesta a la Justicia uruguaya que acepta lo que le pide, y entonces el 21 de septiembre sale la sentencia: la niña ahora sí debe volver a España junto a su madre.

Unos días después, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual lanzó una petición en la web Change.org para juntar firmar y reclamar la intervención de la Suprema Corte de Justicia. El argumento utilizado: “La jueza de familia decidió dejar a la niña en la más absoluta desprotección. Ningún argumento ni fundamento avala que un Estado deje a una niña a merced de su padre abusivo”, indicaba la organización social en una parte del texto.

Empezó una movilización en las redes sociales, durante un fin de semana se impuso como tendencia en Twitter el hashtag #MariaNoSeVa, y el domingo 1° de octubre el Instituto Nacional de Mujeres del MIDES y el INAU emitieron un comunicado en el que se manifestaron a favor de que la niña permaneciera en Uruguay.

Con las organizaciones sociales movilizándose ante la sede de la Suprema Corte de Justicia y el Poder Ejecutivo -vía Mides- presionando por una intervención de la corporación, la defensa de Maria Noel Ugarte Michelini presentó una medida cautelar de suspensión del viaje que debían realizar madre e hija, junto a un recurso de revisión.

En una decisión excepcional, la Suprema Corte de Justicia aceptó el pedido de la defensa de la madre y le pidió a ésta que depositara una fianza -a modo de garantía- de 30 mil dólares. Así terminó el 2017 y llegamos entonces hasta el presente.

La semana pasada la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, desestimó el recurso de revisión interpuesto por la defensa de la madre de la niña. ¿Cuáles fueron los argumentos de los ministros para tal decisión? Los pasamos a nombrar:

Los ministros de la SCJ indicaron: “Es claro que la efectiva restitución de la niña a España no supone, por sí sola, que su padre tome contacto con ella o con su madre; por el contrario, la situación global de la familia (presunta violencia intrafamiliar y presunto abuso sexual) será analizada por la Justicia española, con todas las garantías pertinentes. Tanto es así que el Tribunal de Apelaciones de Familia de 1er. Turno le impuso al padre la prohibición de acercarse en un radio de 500 metros y de contactarse por cualquier medio con su hija y con la madre de ésta”.

Según la defensa de la madre de la niña, días después del fallo del Tribunal de Apelaciones en setiembre de 2017, se pudo “comprobar” que el Dr. Pristch estaba “asociado” de alguna manera con el padre de la niña. En tal sentido, personal de Canal 5 le confirmó a la defensa que el abogado de la pequeña había solicitado que le enviaran la grabación “en crudo” de una entrevista que él mismo pidió que le hicieran para salir en público dando su opinión sobre el caso. El abogado dijo que quería una copia de la entrevista para enviársela a los abogados del padre de la niña.

¿Qué concluyeron los ministros de la SCJ? Que “la prueba demostró que tales aseveraciones resultaron infundadas”. Según los ministros de la Corte, tras citar como testigo a la periodista que hizo la entrevista (Georgina Mayo), ésta “fue categórica al declarar que fue ella quien convocó al Dr. Pristch para hacerle la nota (…) También dijo que el abogado pidió copia de la entrevista y que el canal se la entregó “en crudo”, es decir, sin editar. Las abogadas del padre en España le pidieron al defensor de la niña copia original de la entrevista, y el Dr. Pristch -que tenia el mail de las abogadas porque se lo había pasado el abogado defensor de la madre, el Dr. Beceiro- envió el video.

“A juicio de este Colegiado -dicen los ministros de la SCJ- no existen elementos de juicio que permitan sostener, en un grado de certeza razonable, que el defensor de la niña haya cometido fraude procesal o haya actuado en colusión con el padre de ella. En síntesis, el fraude y la colusión con que supuestamente habría actuado profesionalmente el Dr. Pristch no pasaron de ser una mera conjetura, sin ningún sustento probatorio”.

La Corporación consideró que no se configuró la indefensión invocada. Del análisis del expediente tramitado ante la Sede de Familia, no surge que la ahora recurrente no hubiese podido utilizar los medios impugnativos correspondientes contra la providencia impugnada. Es más, sostienen los ministros, “surge todo lo contrario: pudo deducir el recurso de reposición pero lo hizo de manera extemporánea”, es decir, fuera de tiempo.

Otro punto: La ley 18.895, que reglamenta a nivel de Uruguay lo suscrito por el país en el Convenio de La Haya, establece que cuando se dicte una orden de restitución “se hará saber al Estado requirente que si dentro de los treinta días calendario desde que fuere comunicada la sentencia no adopta las medidas necesarias a efectos del traslado del menor de edad, quedará sin efecto la restitución ordenada”.

¿Qué advierten los ministros de la SCJ? Que el fallo del Tribunal de Apelaciones debió hacerle conocer a España ese plazo de caducidad (que está establecido por una norma uruguaya). Sin embargo, nada se dijo en el fallo ni en el exhorto que se libró a las autoridades españolas. No lo hizo el Tribunal y no lo hizo la jueza del caso. “Ello hace que la ley nacional interna no pueda oponérsele al Estado requirente. Y si bien podría llegar a pensarse en una hipótesis de error jurisdiccional, corresponde poner énfasis en que constituye carga de las partes controlar el proceso y, principalmente, la forma y el contenido de las comunicaciones”. Y los ministros terminan sosteniendo: “siendo esto así: ¿puede aplicarse dicho plazo de caducidad? La respuesta negativa se impone. La inacción de las autoridades españolas para cumplir dentro de 30 días las condiciones impuestas para hacer efectiva la restitución no puede tener el efecto de hacer caducar la orden de restitución, ya que no se les previno sobre eso (pese a que la ley uruguaya manda prevenir)”.

Lo alegado por la Defensa de la niña en cuanto al tiempo transcurrido y a la integración de ella a Uruguay es, a juicio de la Corporación, una cuestión de fondo de la restitución internacional que ya fue resuelta en las dos instancias previas y que no constituye un criterio rector a la hora de decidir el recurso extraordinario de revisión. La integración de la niña en su nuevo ambiente debe considerase, únicamente, en los casos en que la solicitud de restitución se haya iniciado una vez transcurrido el plazo de un año desde que se produjo la retención o el traslado ilícitos, lo cual no ocurrió en este caso.

Según los ministros de la SCJ, “la gran mayoría de las presuntas irregularidades que la defensa de la madre observó en la actuación del Dr. Pristch, pudo y debió ser reclamada o debió haberse hecho notar durante el proceso de restitución”. Y agregan: “No le asiste razón porque si se consideraba lesionada con tal comportamiento, tenía a su alcance las herramientas para dejar constancia de ello o impedir la prosecución de la audiencia en tales circunstancias. Parece reñido con un comportamiento de buena fe guardar silencio entonces y traer a colación dicho episodio, como determinante de indefensión, en el ámbito extraordinario de la revisión”.

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