Pablo González, el otro dirigente de la 711 que fue denunciado por violencia doméstica

 Pablo González, el otro dirigente de la 711 que fue denunciado por violencia doméstica


El alcalde del Municipio C de Montevideo, Rodrigo Arcamone, fue denunciado por su expareja por violencia doméstica. La golpeó, y más de una vez.

Este miércoles, el portal Sudestada informó que -dos días antes- el juez de Familia especializado en Violencia Doméstica, Pablo Dalera, dispuso una orden de restricción de acercamiento a un radio de 500 metros para el alcalde. De acuerdo al acta del juez, Arcamone debe evitar por 180 días todo tipo de contacto o comunicación con su expareja, quien lo denunció ante la Policía por maltrato físico y psicológico.

Rodrigo Arcamone es militante de la Lista 711, sector político liderado por el exvicepresidente Raúl Sendic, y es ex coordinador ejecutivo de la Secretaría de Juventud de la Intendencia de Montevideo. En las elecciones del año 2015, fue electo alcalde del Municipio C.

En la noche del miércoles, la Lista 711 emitió un comunicado en el que informó que resolvieron junto a Arcamone “que tomará una licencia de su responsabilidad hasta que la Justicia actúe y se aclare la situación” y que confían “plenamente en el proceder de la Justicia que está actuando de acuerdo a la normativa vigente y con la cautela y seriedad que estos casos ameritan”. Además, en el comunicado difundido el sector político señaló que “ratifica” su “compromiso contra la violencia de género y de cualquier tipo”.

Pero Rodrigo Arcamone no es el único dirigente de la Lista 711 que tiene denuncias por violencia doméstica. El diputado Pablo González, quien además de ocupar una banca en la Cámara de Representantes es secretario general del Parlatino e integra la dirección nacional del sector liderado por Raúl Sendic, también fue denunciado el año pasado por violencia doméstica y por incumplir la medida cautelar fijada por la Justicia de acercarse a su ex pareja y a su entorno.

El 3 de mayo de 2017, la jueza de familia de sexto turno de Ciudad de la Costa, María Del Carmen Stombellini resolvió prohibir por 120 días al legislador acercarse a menos de 300 metros de su expareja o contactarse con su entorno.

En la denuncia, a la que accedió Así nos va, la expareja de González señaló que no hubo violencia física o sexual, pero sí acoso psicológico contra ella y su nueva pareja.

González y su expareja se separaron de común acuerdo hace tres años y tienen una hija en común. De acuerdo a la denuncia, en 2016 el diputado comenzó a intentar retomar la relación sin aceptar las limitaciones que ella le imponía.

Por ejemplo, la esperaba en su casa casa, realizaba hostigamiento psicológico para con la niña para saber si su expareja “había rehecho su vida”. Luego, empezó a contactarse con compañeros de trabajo de la mujer y averiguó la dirección de la vivienda de su nueva pareja y comenzó a aparecerse en la puerta de su casa o del trabajo.

La jueza María Del Carmen Stombellini entendió que esta conducta de González se encuadraba en lo establecido en algunos artículos de la Ley de violencia doméstica, lo cual -a consideración de la magistrada- quedó probado por “los constantes mensajes enviados por el denunciado a la denunciante” y su actitud de querer “controlar” las relaciones de ella. Según la jueza, estas conductas “son claras manifestaciones de lo que se considera en la interpretación de la norma referida a violencia emocional y psicológica”, por lo cual resolvió que González tenía prohibido acercarse, por 120 días, a menos de 300 metros de su ex pareja o contactarse con el entorno de ella.

También se solicitó una pericia psicológica, tanto para González como para su expareja, la cual fue realizada por el psicólogo Gonzalo Cachón del Instituto Técnico Forense (ITF). Los resultados fueron enviados a la jueza el 3 de junio de 2017. En el informe de la pericia, a la cual accedió Asi nos va, el perito señaló que González negó todas las acusaciones en su contra “procurando explicar mediante racionalizaciones todas sus conductas”, e indicando que su expareja “malinterpretó” su accionar.

Según el perito, el legislador de la 711 “comprendía la necesidad de finalizar la relación sin incidentes, más por temor a eventuales consecuencias de su actividad pública (como Diputado Nacional), que por mediar autocrítica o reproche moral”.

Y el psicólogo forense terminó advirtiendo que si bien no se habían producido hechos desde la denuncia presentada en sede Judicial, de ocurrir nuevos hechos hacia su expareja, debía evaluarse el uso del mecanismo de tobillera electrónica.

A fines de Junio de 2017 se realizó una audiencia evaluatoria y la jueza María Del Carmen Stombellini descartó colocarle una tobillera electrónica al diputado González, pero sí resolvió mantenerle las medidas cautelares de prohibición y acercamiento hacia su expareja por 60 días más. A partir de esa fecha, la mujer tuvo una vigilancia policial diaria en su domicilio.

Además, la magistrada instó a González a presentarse ante la sede judicial cada 15 días y acreditar –vía certificado- estar recibiendo asistencia psicológica y psiquiátrica. Pero de poco valió lo dispuesto por la Justicia porque en cuestión de 17 días, González volvió a incumplir las medidas cautelares impuestas por la jueza Stombellini.

A mediados de Julio de 2017, la expareja del legislador -una vez más- se presentó en el juzgado de 1ª Instancia de Ciudad de la Costa y denunció al diputado por un nuevo hostigamiento. Cansada de la situación, la defensa de la mujer solicitó que el caso pasara a la Justicia penal por un delito de desacato y que se dispusiera la colocación de la tobillera electrónica para el diputado Pablo González. Sin embargo, una vez más, la Justicia -en este caso el juez de Ciudad de la Costa, Mario Suárez- desestimó la colocación del aparato y se limitó a intimar a González a cumplir las medidas cautelares dispuestas.

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